Santo Domingo, RD. El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado de una nueva querella particular en contra de Ana Grecia López, madre de Maribel Espaillat y Antonio Espaillat, acusados de ser responsables del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025, tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
La querella fue presentada por la familia de Ramón Osiris Blanc Castillo, quien perdió la vida en el desplome, a través de su esposa Patricia Elizabeth Paola Ulloa y de sus hijos Valerie Patricia, Osiris Arturo y Osiris Armando Blanc Paola.
La acción legal, independiente de la acusación presentada por el Ministerio Público contra los hermanos Espaillat, fue interpuesta por los abogados Jorge Lora Castillo, Jorge G. Lora Olivares y José Stalin Almonte Diloné.
De acuerdo con la querella, Ana Grecia López figura en el Registro Mercantil como representante de la sociedad comercial Inversiones E y L, S.R.L., empresa que operaba el establecimiento donde ocurrió la tragedia.
Petición de indemnización
Junto a la acusación penal, la familia Blanc Paola solicitó al tribunal condenar a los imputados y a la empresa al pago de una indemnización total de 50 millones de pesos, de los cuales 20 millones corresponden a la viuda y 10 millones a cada uno de sus tres hijos, como compensación por los daños morales y materiales ocasionados.
La audiencia del juicio preliminar fue fijada para el 12 de enero de 2026, fecha en la que se conocerá esta nueva acusación particular que busca incluir formalmente a Ana Grecia López en el proceso penal. Los querellantes solicitan al tribunal admitir la querella y dictar auto de apertura a juicio contra los cuatro imputados.
Acusación del Ministerio Público
En la instancia presentada, el Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat incurrieron en los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
El órgano acusador argumenta que los imputados sobrecargaron la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la edificación. También habrían ignorado advertencias internas sobre el deterioro estructural, priorizando el ahorro económico pese a los riesgos evidentes.
