El Instituto Duartiano, entidad patriótica dedicada a la difusión del pensamiento de Juan Pablo Duarte, manifestó este martes su preocupación por la reciente autorización concedida por el gobierno para que Estados Unidos establezca y opere naves aéreas militares en espacios restringidos de aeropuertos dominicanos.
El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, formuló estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la institución en la Ciudad Colonial, enfatizando que esta concesión resulta comprometedora para la nación dominicana.
Sostuvo que, si bien el país tiene un convenio suscrito con los Estados Unidos en 1995, ampliado en 2003, en relación con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, estos instrumentos jurídicos supeditan su aplicación al estricto cumplimiento del orden legal y constitucional de cada Estado, además de entrañar que se tome en cuenta el interés nacional.
A pesar de que la entidad patriótica comprende la necesidad de que las naciones realicen esfuerzos conjuntos para enfrentar y frenar el crimen organizado transnacional, el doctor Gómez Ramírez advirtió que esto puede justificar que las autoridades obvien los alcances del artículo 3 de la Constitución dominicana.
El presidente del Instituto Duartiano citó el artículo 3 de la Constitución, el cual declara que “la soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable”.
Gómez Ramírez subrayó que la Carta Magna prohíbe que “ninguno de los poderes públicos puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen”.
Además, recordó que el principio de la no intervención está consagrado como una “norma invariable de la política internacional dominicana”.
Medidas “sumamente delicadas”
El doctor Wilson Gómez Ramírez calificó la adopción de estas medidas como “sumamente delicadas”, sugiriendo que se “aproximan un tanto a las que se reservan al estado de excepción” que se trata en el artículo 262 de la norma suprema.
Finalmente, el Instituto Duartiano manifestó su esperanza de que el Estado dominicano se esfuerce por garantizar que no se desvirtúe el propósito anunciado, y la promesa de que las acciones se limiten estrictamente a enfrentar el crimen organizado transnacional en los ámbitos aéreo y marítimo.
Gómez Ramírez hizo hincapié en que la dirección y determinación de las acciones militares dentro del territorio nacional, deben recaer en los dominicanos.
Para concluir, recordó que el numeral 16 del protocolo de 2003 con relación al Convenio de 1995, establece que “Cualquier fuerza que se use con arreglo al presente acuerdo se ajustará estrictamente a las leyes y normas pertinentes de la Parte respectiva y será, en todo caso, la fuerza mínima que razonablemente exijan las circunstancias”.
