Santo Domingo, 9 de diciembre de 2025 – La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) depositó la noche del lunes la solicitud de medida de coerción en contra de diez personas investigadas por presunta corrupción administrativa, asociación de malhechores, soborno y tráfico de influencias en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) durante el período 2020-2025.
Entre los imputados figura el exdirector ejecutivo de la institución, Santiago Marcelo Hazim Albainy, quien habría liderado un esquema ilícito para aprobar prestadores de servicios de salud a cambio de favores políticos y sobornos. Según el expediente acusatorio de 535 páginas, Hazim justificaba la inclusión irregular de centros médicos con frases como “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”, tal como declaró ante el Ministerio Público la analista Nidia Esmeralda Valdéz, del departamento de gestión de redes y contrataciones médicas de SeNaSa.
El Ministerio Público señala que Hazim, junto a Francisco Iván Minaya (gerente de salud), Roberto Canaán (gerente de atención al usuario), Carmen José Velásquez (gerente de afiliación) y Germán Robles, conformaron una estructura paralela denominada “Comité de Contrataciones Médicas”, creada con el propósito de desviar funciones, cometer actos de corrupción y ejercer tráfico de influencias en la aprobación de prestadores.
De acuerdo con la investigación, esta red permitía la habilitación de centros médicos sin documentación completa, sin infraestructura adecuada ni cumplimiento de los requisitos legales, a cambio de pagos de sobornos o por “conveniencia política”. La manipulación de los procesos de contratación y autorización de pagos generó, según la Unidad Antifraude de la Contraloría, desembolsos millonarios a proveedores que no reunían las condiciones exigidas.
Tras los allanamientos realizados durante el fin de semana, los diez imputados fueron arrestados y serán presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público solicitará la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.La institución reitera su compromiso con el combate frontal a la corrupción administrativa y el uso indebido de los recursos públicos destinados a la salud de la población dominicana.
