El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este martes la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra Santiago Hazim Albainy y otros nueve imputados acusados de sustraer patrimonio del Estado a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La nueva fecha fue fijada para el jueves 11 de noviembre, a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina MyCare; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
De acuerdo con la acusación, los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La solicitud de medida de coerción, con más de 500 páginas, señala que el presunto entramado sustrajo más de RD$15,921,369,659.62 hasta finales de 2024.
Implicación de asistentes y modus operandi
El expediente detalla que Santiago Hazim Albainy involucraba en el esquema a sus “asistentes más cercanas”, identificadas como Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes asistían a reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas del exfuncionario.
Asimismo, el Ministerio Público afirma que los imputados operaban de forma articulada para aprobar contratos a prestadores que no cumplían requisitos legales ni técnicos, pero eran promovidos bajo argumentos como “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”.
El rol del comité y los funcionarios involucrados
Según el expediente, Germán Robles, consultor jurídico del Senasa, tenía un “poder determinante”, imponiendo la aprobación de los prestadores favorecidos y gestionando contratos fuera del procedimiento regular.
Por su parte, Francisco Iván Minaya, gerente de salud, se encargaba de homologar acuerdos y dirigir las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores.
El documento también señala a Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, como el responsable de presionar habilitaciones y ampliaciones de prestadores sin la documentación e infraestructura requerida.
Finalmente, Carmen José Velázquez, gerente de afiliación, figura como firmante habitual de actas que validaban decisiones previamente pactadas con Hazim Albainy.
