El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) formalizó un requerimiento legal contra la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, para que entregue el listado de funcionarios señalados en expedientes remitidos a la Procuraduría General de la República por presuntos actos de corrupción.
La solicitud fue realizada mediante acto de alguacil por el vicepresidente del partido, Yván Lorenzo.
Reclamo por transparencia oficial
Dudas sobre expedientes enviados
Lorenzo explicó que el emplazamiento responde a una demanda de la ciudadanía de conocer a quiénes corresponden los 276 expedientes enviados al Ministerio Público. “Con este emplazamiento estamos interpretando un clamor del pueblo dominicano que quiere saber a quiénes corresponden los 276 expedientes enviados a la Procuraduría”, expresó.
El dirigente recordó que en septiembre de 2024 la Dirección de Ética había remitido 49 expedientes al Ministerio Público.
A su juicio, el incremento evidencia un aumento significativo de los casos de presunta corrupción durante la actual gestión. “Esto significa que ha habido un aumento de casi un 500 % en los casos de corrupción que encabeza el gobierno del PRM”, sostuvo.
Declaraciones juradas pendientes
Además del listado de expedientes, el exsenador indicó que está solicitando información sobre los funcionarios y exfuncionarios que no han presentado su declaración jurada de bienes, en violación de la ley vigente. Según afirmó, este incumplimiento representa un desafío directo a las autoridades responsables de velar por la transparencia pública.
Señalamientos sobre SeNaSa
Lorenzo también informó que ha emplazado a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que haga público el estado financiero de SeNaSa correspondiente al presente año. El dirigente reiteró que la entidad enfrenta una situación crítica.
“Los ciudadanos que utilizan el seguro de salud de SeNaSa están pasando vergüenza porque las prestadoras no les están dando servicios”, afirmó. Insistió en que la aseguradora estaría operando con un déficit superior a los 3,300 millones de pesos y con retrasos de hasta cuatro meses en los pagos a las prestadoras de servicios de salud.
El legislador concluyó que la falta de información y de respuestas oficiales agrava la desconfianza ciudadana y refuerza la necesidad de mayor claridad sobre el manejo de los recursos públicos.
