El Primer Juzgado de la Instrucción de Santiago impuso este lunes condenas de hasta siete años de prisión contra 17 personas y dos empresas vinculadas a la red de cibercrimen desmantelada en la Operación Discovery 2.0, acusada de estafar a cientos de envejecientes en Estados Unidos mediante fraudes electrónicos que generaron pérdidas millonarias.
Penas de prisión y decomisos ordenados por el tribunal
Entre los sentenciados figura Miguel Ángel Camilo Pérez, identificado como uno de los líderes del entramado, condenado a siete años de prisión. Otros seis implicados —Freddy William Urtarte, Juan Armando Vásquez Ramírez, Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez, Kelvin Antonio Carmona Sánchez y Deuris Antonio Franco— recibieron penas de cuatro años.
El tribunal también impuso cuatro años de prisión suspendida a nueve procesados, entre ellos Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez y Leslie Agnes Succart González. Dos empresas —Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL— fueron disueltas tras determinarse que funcionaban como fachadas para la operación delictiva.
Fraudes desde call centers falsos y cooperación internacional
Las autoridades confirmaron que la red ejecutaba sus estafas desde call centers clandestinos disfrazados de centros de servicio. Desde allí, los implicados realizaban campañas de fraude tecnológico, extorsión y robo de identidad dirigidas a adultos mayores estadounidenses, muchos de ellos retirados, a quienes lograban despojar de sus ahorros.
Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de vehículos, propiedades, cuentas bancarias y dinero en efectivo.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Santiago con apoyo de la Dirección General de Persecución, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU. y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales.
Los condenados fueron hallados culpables de violar la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
