«A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible». Así describe una extrabajadora la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) en la investigación con la que elDiario.es y Univision Noticias han revelado este martes que dos exempleadas acusan al cantante de agresiones sexuales.
Los hechos -que incluyen episodios de acoso, agresiones y violencia sexual, según el relato de las víctimas: una empleada del hogar y una fisioterapeuta- tuvieron lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal.
Denuncias ante la justicia
Las mujeres han denunciado a Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha abierto diligencias, aún en estado muy preliminar y que se mantienen en secreto, para analizarla, según informan a EFE fuentes fiscales.
Estos hechos, según la denuncia presentada el pasado 5 de enero a la que accedió elDiario.es, «hace referencia a hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre junto con ‘varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual’, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores ‘por la imposición de condiciones laborales abusivas'», apunta el medio digital español.
Según la legislación española, los tribunales españoles tienen competencia para investigar delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fuesen españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad.
Esta norma fija la competencia de la Audiencia Nacional para los «delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles».
El Gobierno español quiere que se vaya «hasta el final»
Después de que se conocieran las denuncias, el Gobierno español ha pedido que se llegue «hasta el final» en la investigación de los hechos para que no quede «ningún espacio de impunidad».
«No vamos a mirar hacia otro lado», aseguró hoy la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y tras otorgar veracidad a las informaciones que hoy publican el periódico digital eldiario.es y la cadena de televisión Univisión Noticias en Estados Unidos.
La Ministra de Igualdad española, Ana Redondo, por su parte, recalcó en X que «ante el machismo no se puede mirar para otro lado, porque la negación intensifica el problema» y confió en que «se investigue y se llegue hasta el final».
«Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión», incidió Redondo, al tiempo que la portavoz del Gobierno señaló que, pese a no haber leído en profundidad las informaciones, el trabajo periodístico le merece mucho respeto.
