El secretario general de la Fuerza del Pueblo (FP) rechazó el anuncio de aumento en la tarifa del servicio de agua potable por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), al considerarlo una medida injusta, inoportuna y socialmente insensible que impacta directamente a miles de familias del Gran Santo Domingo.
“El agua potable es un derecho fundamental y un servicio público esencial. No puede ser tratada como una mercancía ni utilizada como mecanismo de ajuste financiero en perjuicio de la población”, expresó el dirigente político.
Señaló que el incremento se produce en un contexto de alto costo de la vida, encarecimiento de los servicios básicos y pérdida del poder adquisitivo, lo que convierte la decisión en una carga adicional para los sectores más vulnerables.
“Antes de pensar en aumentar tarifas, la CAASD y el gobierno deben mejorar la gestión, reducir pérdidas, invertir en infraestructura y garantizar un servicio eficiente, continuo y de calidad”, subrayó.
Florián también cuestionó la falta de información clara y la ausencia de un proceso de consulta pública previo. Indicó que esto evidencia una desconexión entre las autoridades y las necesidades reales de la ciudadanía, por lo que llamó al Gobierno a reconsiderar la medida y abrir un espacio de diálogo con los sectores sociales y comunitarios.
Ausencia de suministro
En la misma línea se pronunció el ingeniero Hamlet Otáñez, miembro de la Dirección Política de la FP y titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento del partido.
Recordó que durante todo 2025 comunidades del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo denunciaron la falta de suministro continuo, la extrema irregularidad del servicio y la imposibilidad de planificar la vida cotidiana en función de un bien que, en muchos casos, llega una vez al mes o desaparece por semanas.
Las quejas se han registrado en sectores como Ciudad Juan Bosch, Mendoza, Los Mina, Villa Liberación, Los Tres Brazos, La Ureña, Cancino Adentro, Sabana Perdida, Villa Mella, Guaricanos, Pantoja, Herrera, Buenos Aires de Herrera, Los Alcarrizos, La Venta, El Condado, La Ceiba, el kilómetro 13 de la autopista Duarte, Proyecto Cristal y Los Hidalgos, entre otros del Gran Santo Domingo.
Otáñez consideró inaceptable que, frente a esta realidad, la CAASD opte por incrementar el costo del metro cúbico de agua, trasladando a la población el peso de ineficiencias estructurales que no son responsabilidad de los usuarios. Señaló que resulta aún más grave que la decisión se adopte sin mejoras tangibles en calidad, cantidad y continuidad del servicio.
El experto sostuvo que antes de cualquier aumento tarifario la CAASD debe revisar de manera profunda y transparente su estructura de gastos, en especial los elevados costos administrativos y una nómina percibida por la ciudadanía como resultado de clientelismo político.
“No es justo ni sostenible cubrir ineficiencias internas aumentando el costo de vida de una población que ya enfrenta serias dificultades económicas”, puntualizó.
Advirtió además que la cobertura de micromedición en el Gran Santo Domingo sigue siendo ínfima. La mayoría de los usuarios carece de medidores funcionales, lo que hace inviable una facturación basada en consumo real. En estas condiciones, hablar de cobro por metro cúbico es, en la práctica, una ficción administrativa.
Reiteró que no puede existir justicia tarifaria sin un servicio confiable y medible. Incrementar tarifas en un sistema con baja micromedición, fallas operativas y profundas desigualdades territoriales equivale, afirmó, a institucionalizar la inequidad en el acceso al agua potable.
