El programa N Investiga abordó la controversia generada en torno a contratos de diálisis peritoneal domiciliaria y nutrición clínica que superan los RD$13 mil millones, adjudicados bajo modalidad de excepción desde 2020, y presentó las respuestas de las autoridades involucradas.
La investigación puso en contexto las denuncias públicas sobre supuestas irregularidades, pero también incluyó las posiciones oficiales de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), del Servicio Nacional de Salud (SNS) y de la pasada administración del sistema hospitalario.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que el proceso fue examinado técnicamente y que no existían recursos administrativos ni impugnaciones activas que impidieran su continuidad.
Indicó que, tras la verificación correspondiente, la institución emitió una certificación estableciendo que el procedimiento podía seguir conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Pimentel subrayó que la DGCP no valida precios ni decide adjudicaciones, sino que fiscaliza el cumplimiento de los procedimientos legales y la transparencia administrativa.
El director del SNS, doctor Julio Landrón, sostuvo que la suspensión inicial del proceso respondió a su interés de revisar a fondo la legalidad del procedimiento al asumir funciones.
“Era mi responsabilidad verificar que todo estuviera conforme a la ley”, expresó, agregando que, tras recibir la certificación de Contrataciones Públicas, el proceso fue retomado para evitar afectar a los pacientes que dependen de estos programas.
Landrón enfatizó que la diálisis peritoneal ambulatoria y la terapia nutricional impactan a miles de personas en más de 50 hospitales del país, y que interrumpirlos podría generar consecuencias graves para la salud pública.
Por su parte, el exdirector del SNS, Chanel Rosa, defendió la modalidad de excepción utilizada en los contratos, señalando que responde a la naturaleza especializada de los insumos y servicios médicos involucrados.
Rosa explicó que la diálisis peritoneal requiere suplidores específicos con certificaciones internacionales y logística especializada, lo que limita la competencia tradicional de mercado.
“El objetivo siempre fue garantizar continuidad y calidad en la atención, no se trata de un gasto ordinario sino de tratamientos que sostienen la vida de pacientes renales y personas con condiciones críticas”, manifestó.
Los pacientes en el centro del debate
El programa también presentó testimonios de beneficiarios del Programa de Diálisis Peritoneal Ambulatoria, que actualmente atiende a más de 800 pacientes activos, así como del Programa de Terapia Nutricional, que impacta a miles de personas en hospitales públicos.
Especialistas explicaron que la diálisis peritoneal es recomendada como primera opción en muchos sistemas de salud por su menor costo comparativo frente a la hemodiálisis privada y por la mejora en calidad de vida que ofrece al paciente.
Llamado al rigor
La emisión concluyó reiterando que toda denuncia debe investigarse con rigor técnico y evidencia verificable, especialmente cuando se trata de programas que inciden directamente en la vida de pacientes vulnerables.
El programa defendió la importancia de la transparencia, pero advirtió que los debates públicos deben sustentarse en datos comprobables para evitar generar incertidumbre innecesaria en la población.
