Por Juan López
Con el oportuno y preciso comunicado que publicó la Junta Central Electoral (JCE) el pasado 8 de mayo de 2026, se le propinó una contundente y sonora “galleta sin mano” a la maniobra politiquera del gobierno del PRM-Abinader, que pretende reducir en un 50 % la asignación económica a los partidos políticos establecida en la Constitución y en las leyes 33-18 y 20-23 del sistema político y electoral vigente.
Para los dominicanos, una “galleta sin mano” significa silenciar o dejar sin respuesta a alguien de manera elegante, sin violencia física. Es una acción moral contra una persona o institución que actúa de forma equivocada, que ha mentido o que ha actuado con arrogancia y prepotencia. Veamos:
Como resultado final de un Consejo de Gobierno, el pasado 1 de mayo, los voceros oficiales anunciaron, orondamente, la “implementación de un plan de austeridad para enfrentar la crisis económica proveniente de la guerra en Oriente Medio”, con el objetivo de ahorrar RD$40 mil millones.
Con una nueva manifestación de improvisación política, del paquete de medidas aprobadas solo una tenía cifras y datos específicos: “¡Reducir en un 50 % la asignación presupuestaria a los partidos políticos!”. ¿Ganaron aplausos o la “galleta sin mano” de la JCE?
Ante el reclamo formal de 24 partidos políticos, la JCE, en el marco de sus competencias, expresó su posición institucional al gobierno del PRM-Abinader mediante las siguientes declaraciones:
“En el Presupuesto General de la Nación de 2026 se redujo la asignación de los partidos políticos de un 0.25 % de los ingresos nacionales, como lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral, a un 0.12 %. La propuesta de reducir nuevamente dicha asignación implicaría afectar la planificación financiera, organizativa, operativa, educativa y logística, así como el cumplimiento de los gastos y compromisos contraídos por los partidos políticos con base en el Presupuesto General de 2026”.
La JCE, en su pertinente comunicado, también agregó este sabio consejo:
“Las autoridades competentes deben actuar conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y de las reglas preexistentes que garanticen la estabilidad del sistema de partidos, la sana y justa competencia electoral, así como el cumplimiento de los fines esenciales reconocidos a dichas organizaciones políticas en el artículo 216 de la Constitución”.
Asimismo, reiteró:
“De materializarse la reducción presupuestaria, tendría un impacto negativo en los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral, además de la equidad en la contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia sustentada en el sistema de partidos”.
Después de evidenciada la maniobra politiquera del gobierno del PRM-Abinader, gracias a la actitud unitaria y firme de la oposición política y a la “galleta sin mano” propinada por la JCE, nos preguntamos:
¿Continuará el gobierno empecinado en su maquiavélica propuesta de asfixiar económicamente a los partidos de oposición? ¿Abusando de su mayoría mecánica en el Congreso Nacional, se atreverán a someter un proyecto de ley para reducir en un 50 % la asignación constitucional y legal destinada a los partidos políticos?
Esta reflexión constituye una sana y sincera sugerencia a los estrategas del PRM y a los asesores de marketing político del gobierno para que utilicen el sentido común, la lógica política y el deber que tiene el gobierno del PRM-Abinader de respetar la institucionalidad y el Estado social y democrático de derecho. Porque no tienen facultad para interrumpir, y mucho menos perturbar, la paz social y política que desde hace décadas disfruta el pueblo dominicano.
Al quedar desenmascarada la trapisonda política que se pretendía ejecutar mediante la imprudente propuesta de reducir en un 50 % la asignación económica a los partidos políticos —recordando que hoy el PRM es gobierno y mañana podría ser oposición—, gracias a la acción prudente y unánime de los partidos opositores y a la “galleta sin mano” de la JCE, resulta evidente que el oficialismo debe reconsiderar su postura.
También porque el PRM “disfruta”, transitoriamente, del control de los recursos del Estado y de “otros ingresos de dudoso origen”, ante esta nueva coyuntura no les queda otra opción que:
¡Dejar sin efecto la dañina intención de asfixiar económicamente a los partidos políticos, utilizando la artimaña de una segunda reducción del 50 %, inconstitucional e ilegal, de la partida presupuestaria que les corresponde!
