La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) expresó hoy su expectativa de que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados haya acogido, en su informe final, las alternativas presentadas por el sector empleador orientadas a modernizar el Código de Trabajo y reducir los costos operativos que limitan el crecimiento de las empresas.
La presidenta de la entidad, Laura Peña Izquierdo, señaló que para que la reforma laboral cumpla con su objetivo de fomentar la creación de empleos formales y elevar la competitividad del país, es imperativo abordar aspectos estructurales que hoy representan una carga desproporcionada para el sector productivo nacional.
Dentro de las sugerencias fundamentales entregadas por la institución para ser incorporadas en la pieza legislativa, la dirigente empresarial destacó la necesidad de limitar el astreinte establecido en el artículo 86, proponiendo un tope de seis meses a estas sanciones pecuniarias para evitar que multas acumulativas comprometan la solvencia de las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, la institución aboga por una revisión profunda en el método de cálculo de la cesantía, sugiriendo que se realice sobre la base del salario promedio para aportar mayor previsibilidad a los costos de terminación de contrato y garantizar la estabilidad financiera de las organizaciones.
De igual manera, Copardom solicitó que el pasivo laboral sea reconocido formalmente como un gasto para fines contables y fiscales, lo que permitiría una gestión financiera más real y transparente de las obligaciones patronales.
Complementando estas medidas, Peña Izquierdo plantea incrementar el período de prueba de tres a seis meses, una práctica que ya se viene implementando con éxito en otros países de la región y que permitiría una mejor evaluación, capacitación y adaptación del tA pesar de los recientes reportes sobre la falta de visibilidad del informe en la Cámara Baja, Copardom reitera su disposición al diálogo continuo y sostiene que la modificación del Código de Trabajo es una oportunidad histórica para equilibrar la protección del trabajador con la viabilidad económica de quienes generan empleo.
Laura Peña Izquierdo afirmó que la posición de la entidad ha sido clara al no buscar la eliminación de derechos, sino la adaptación del marco legal a la realidad económica del siglo XXI, confiando en que los legisladores han escuchado las inquietudes de los sectores que dinamizan la economía y que el informe final reflejará un consenso que priorice la sostenibilidad del sistema laboral dominicano.
