Santo Domingo.– El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, sostuvo que la decisión judicial que envía a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, vinculados al caso Jet Set, se encuentra plenamente sustentada en derecho, al tiempo que reiteró que el Ministerio Público perseguirá la imposición de la pena máxima establecida en la legislación vigente.
Camacho ofreció estas declaraciones tras salir del tribunal, destacando que la resolución adoptada acoge en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público, así como las acciones judiciales impulsadas por 42 querellantes que se han adherido al proceso penal.
La decisión fue emitida por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, quien dispuso el envío a juicio de fondo de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, imputados por homicidio involuntario, en relación con el colapso del techo ocurrido el 8 de abril de 2025, hecho que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y decenas de heridos. Como parte de la medida, el tribunal impuso una garantía económica de 500 millones de pesos, orientada a asegurar la eventual reparación de las víctimas.
El representante del Ministerio Público subrayó que el caso ha generado un profundo impacto social, señalando que “no existen palabras suficientes para describir el dolor ocasionado a las víctimas y al pueblo dominicano”, en referencia a la magnitud de la tragedia.
Asimismo, explicó que desde el inicio de las investigaciones se han realizado múltiples diligencias conforme a la ley, incluyendo la incorporación de peritajes técnicos con participación de expertos internacionales, con el objetivo de sustentar de manera sólida la acusación presentada ante el tribunal.
Camacho indicó además que incluso el peritaje aportado por la defensa de los imputados reconoce elementos de imprudencia, lo cual —según afirmó— coincide con los planteamientos del Ministerio Público respecto a las responsabilidades en el colapso estructural del establecimiento.
Finalmente, reiteró que el proceso judicial continuará en la etapa de fondo, donde el Ministerio Público buscará que los acusados respondan penalmente por los hechos imputados, conforme a la gravedad de las consecuencias derivadas del caso.
