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El Colegio Dominicano de Periodistas nació con una misión clara: defender la libertad de expresión, el derecho a la información y la dignidad del ejercicio periodístico. No fue creado para organizar cocteles, entregar carnets o cobrar cuotas mensuales. Fue creado para plantarse frente al poder cuando el poder intenta callar.
Por eso el silencio actual del CDP frente al proyecto que muchos ya califican como “ley de mordaza” no es un simple descuido. Es una omisión grave. Un vacío tan ruidoso que termina pareciéndose peligrosamente a la complicidad.
En política y en gremialismo, no hablar es hablar. Cuando un colegio profesional guarda silencio ante una amenaza directa a su razón de existir, el mensaje que recibe la sociedad es inequívoco: “esto no nos preocupa” o “esto no nos conviene enfrentar”.
Y sí conviene. Porque ninguna ley que limite, sancione o penalice la publicación de información, la opinión crítica o la investigación periodística puede tomarse a la ligera. No es un tema técnico más. Es el tema fundacional.
El CDP ha sido rápido para salir en defensa de títulos, de espacios en medios estatales o de conflictos laborales internos. Ha sabido movilizarse por beneficios gremiales. Pero cuando se discute una norma que puede llevar a un periodista a tribunales, a multas millonarias o a la cárcel por publicar una verdad incómoda, el colegio baja la cabeza.
Ninguna ley de mordaza llega anunciándose como tal. Llegan con eufemismos. “Protección al honor y la intimidad”. “Regulación de plataformas digitales”. “Lucha contra la desinformación”. “Seguridad nacional”.
Suena razonable en el discurso. Pero en la práctica se traduce en una cosa: miedo. Miedo del editor a publicar. Miedo del reportero a preguntar. Miedo del medio a investigar.
Primero es una multa ejemplarizante. Después es un proceso judicial largo y costoso. Luego es la autocensura. Y cuando el gremio decide reaccionar, la ley ya está aprobada, el precedente está sentado y el periodismo crítico ya está herido de muerte.
La historia de América Latina está llena de ejemplos. Nicaragua, Venezuela, El Salvador. Todas empezaron con leyes “para proteger” que terminaron para castigar.
El periodismo no es un oficio más. Es el único oficio que la Constitución protege de forma específica porque cumple una función social: vigilar al poder en nombre de la ciudadanía.
Si el CDP renuncia a defender esa función, deja solos a los periodistas independientes, a los medios pequeños, a los reporteros locales que no tienen abogados ni recursos para enfrentar demandas estratégicas. Los deja expuestos.
Y deja a la sociedad sin ojos. Porque un país sin periodismo incómodo es un país que no se entera de la corrupción hasta que estalla, que no conoce el gasto público hasta que quiebra, que no sabe de los abusos hasta que hay muertos.
El CDP no tiene que hacer política partidista. Nadie le pide eso. Se le pide gremialismo en su sentido más puro: alertar, denunciar, movilizar, educar, presionar. Se le pide usar el micrófono que tiene para recordar que sin libertad de prensa no hay democracia posible.
El proyecto no está sellado. Los legisladores escuchan cuando el gremio habla con una sola voz. La ciudadanía responde cuando ve a sus periodistas unidos, no divididos por colores o intereses.
El CDP aún puede convocar a una asamblea nacional. Puede fijar posición pública y contundente. Puede llevar a periodistas de todo el país frente al Congreso. Puede sentarse con las comisiones, con la Sociedad Interamericana de Prensa, con organizaciones de derechos humanos, y decir sin ambigüedades: esta ley, como está redactada, no pasa.
Puede explicar que el honor se defiende en los tribunales civiles, no con cárcel para periodistas. Que la desinformación se combate con más información, no con miedo. Que la seguridad nacional no se construye a bas
