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, no limita el crecimiento de las empresas ni impide la expansión de sus actividades comerciales. Explicó que el cambio fundamental radica en una exigencia de
dentro de la administración, con el fin de asegurar que las actividades que un proveedor registre en el RPE se correspondan de manera estricta con las actividades económicas que tiene
Con esta medida, la DGCP busca corregir una práctica histórica mediante la cual algunas sociedades comerciales incorporaban una
de actividades económicas en su registro, sin que estas guardaran relación con su
experiencia, capacidad operativa o actividad principal
, con el propósito de participar en una amplia variedad de procesos de compras del Estado.
El órgano rector expresó que la especialización de los proveedores constituye un elemento fundamental para garantizar una
«No es posible, ni técnica ni éticamente, que una empresa se dedique con la misma especialidad y capacidad a todas las actividades comerciales existentes. El Estado no puede seguir asumiendo los altísimos riesgos operativos, jurídicos y financieros que esto ha generado en la historia de las contrataciones públicas»,
reiteró que la medida busca que los procesos de compra cuenten con proveedores que
en las áreas donde realmente desarrollan sus operaciones y posean
. Indicó que con esto se garantizan reglas de juego justas y una
para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y sectores especializados que a menudo se veían desplazados por estructuras corporativas genéricas.
Para facilitar este proceso, la institución explicó que las actividades registradas en la DGII serán desagregadas en el RPE utilizando el Catálogo de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, permitiendo una clasificación mucho más
En palabras llanas, por ejemplo: una “actividad madre” o principal en la DGII puede traducirse en el registro de hasta
en el RPE, asegurando que el proveedor no pierda espacio de mercado legítimo, sino que se catalogue con precisión.
La Dirección General de Contrataciones Públicas enfatizó que esta reforma responde a una firme voluntad política de
“Esta medida es un pilar fundamental para contrarrestar la ilegalidad y la opacidad en los contratos estatales, asegurando que el Estado dominicano contrate solo con proveedores idóneos, transparentes y formalmente responsables”,
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