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El exministro de Obras Públicas y precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, calificó este lunes de «persecución política» el recurso de apelación interpuesto por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) contra la decisión judicial que le otorgó un auto de no ha lugar en el caso de presunta corrupción administrativa.
A través de una publicación en su cuenta de X, Castillo aseguró que la acción busca revocar la decisión emitida por el tribunal y mantener las medidas de coerción en su contra para afectar sus aspiraciones presidenciales con miras a las elecciones de 2028.
«Hoy el Gobierno del PRM y sus abogados apelaron la decisión de la jueza que me otorgó un auto de no ha lugar. Quieren revocar la decisión y mantener medidas de coerción en mi contra para tratar de frenar mi candidatura en 2028. Esto es persecución política pura #Lawfare», escribió el dirigente político.
La apelación
Horas antes, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público interpuso este lunes un recurso de apelación parcial contra la decisión emitida el pasado 29 de mayo que favoreció a Castillo con un auto de no ha lugar.
El ERPP también solicitó que se mantengan las medidas de coerción y las restricciones patrimoniales mientras la Corte conoce el recurso.
En su escrito, el organismo sostiene que la decisión judicial incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, particularmente las relacionadas con los presuntos vínculos de Castillo con el esquema de corrupción descrito en la acusación del Caso Calamar.
Gonzalo Castillo fue incluido por el Ministerio Público entre los principales imputados en un expediente de presunta corrupción administrativa que involucra a exfuncionarios de las gestiones de Danilo Medina.
La acusación sostiene que, durante su gestión como ministro de Obras Públicas (2012-2020), Castillo habría participado en un supuesto esquema mediante el cual se realizaron pagos irregulares con fondos públicos a particulares, utilizando recursos del Estado para saldar deudas derivadas de expropiaciones de terrenos y, presuntamente, obtener fondos destinados al financiamiento político.
El pasado 29 de mayo, la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo al considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para justificar la apertura de un juicio de fondo en su contra.
El tribunal admitió parcialmente la acusación y ordenó la apertura de juicio de fondo contra varios de los acusados, entre ellos los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero, así como el excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño.
