La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) informó este domingo que aceptó la mediación propuesta por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) para buscar una solución al conflicto generado por los costos asociados al uso de los equipos verifone en las estaciones de expendio de combustibles.
La decisión se produce luego de que el gremio advirtiera que evaluaba retirar los dispositivos electrónicos utilizados para procesar pagos con tarjetas de crédito y débito, alegando que las comisiones cobradas por esas transacciones afectan significativamente la rentabilidad de las estaciones de servicio.
El presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, informó que el director ejecutivo de Proconsumidor, Eddy Alcántara, convocó a una reunión para el próximo martes con el propósito de facilitar el diálogo entre las partes y alcanzar un acuerdo que permita resolver la situación.
Pérez explicó que las 780 estaciones afiliadas a la organización consideran excesivo el costo que deben asumir por las ventas realizadas con tarjetas de crédito.
Según detalló, actualmente los detallistas pagan alrededor de RD$7 por cada galón de combustible vendido mediante ese método de pago, lo que representa aproximadamente el 27 % de la ganancia bruta por galón, un porcentaje que, asegura, compromete la sostenibilidad financiera de los negocios.
Anadegas reiteró que su intención no es afectar a los consumidores, sino encontrar una solución que permita equilibrar los costos operativos de las estaciones con el servicio que ofrecen a los usuarios.
El conflicto surgió después de que el gremio manifestara que los márgenes de ganancia de los detallistas son insuficientes para absorber las comisiones derivadas del uso de los equipos verifone, situación que abrió un debate sobre los costos de las transacciones electrónicas en el sector de los combustibles.
Con la aceptación de la mediación del MICM y Proconsumidor, las partes buscarán alcanzar un consenso que garantice tanto la continuidad del servicio de pago electrónico en las estaciones como la viabilidad económica de los detallistas.
