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La Primera Sala de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Santo Domingo condenó a dos años de prisión y al pago de más de RD$47 millones a un empresario que sustrajo energía eléctrica de manera ilegal, en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste, S. A.) y del Estado dominicano.
Javier Francisco Álvarez Valencia fue sentenciado a dos años de prisión, bajo la modalidad de pena suspendida, sujeta a las condiciones que establezca el juez de la ejecución de la pena.
En caso de incumplimiento, dicho juez podrá ordenar que el condenado cumpla la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.
La sentencia, emitida por la jueza Dolores Galay de la Cruz, también ordena el pago de RD$47,747,272.88 por concepto de energía consumida y no facturada, una indemnización de RD$200,000 por los daños ocasionados y una multa equivalente a diez salarios mínimos.
Durante el proceso, el Ministerio Público demostró que Álvarez Valencia, propietario y beneficiario del negocio Hielo El Grande, ubicado en la avenida Emma Balaguer núm. 31, sector El Cacique II, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, manipuló el suministro eléctrico mediante una conexión directa de 7.2 kV, utilizando dos transformadores, uno de 100 kVA y otro de 75 kVA, instalados fuera del medidor.
Como resultado de esta conexión ilegal, el procesado sustrajo energía eléctrica por un valor de RD$47,747,272.88, suma que el tribunal ordenó resarcir.
El monto fue determinado mediante una tasación realizada por Edeeste y posteriormente revisada y aprobada por la Superintendencia de Electricidad (SIE).
En audiencia, el órgano acusador demostró que las acciones del condenado constituyen una violación de los artículos 124-2, 125-1 y 125-3 de la Ley General de Electricidad núm. 125-01, que tipifican los delitos de atentado contra el sistema eléctrico y fraude eléctrico, en perjuicio de Edeeste, S. A., y del Estado dominicano.
El procurador de corte José Aníbal Carela, titular de la PGASE, afirmó que el Ministerio Público mantiene su compromiso con la persecución de los delitos contemplados en la legislación del sector eléctrico y con la protección de los intereses de la sociedad dominicana.
«El fraude eléctrico provoca el deterioro del sistema eléctrico y, en consecuencia, perjudica a toda la sociedad», expresó Carela, al exhortar a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos ante el Ministerio Público.
«En la PGASE estamos para velar por los intereses de los ciudadanos, siempre apegados a las leyes y a la Constitución de la República», agregó
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