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Santo Domingo. – El Senado de la República rechazó este miércoles tres propuestas de modificación presentadas por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, durante el conocimiento del proyecto de reforma del Código Penal (Ley 74-25), en una decisión respaldada por la mayoría oficialista del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Las iniciativas del legislador de la Fuerza del Pueblo buscaban fortalecer las garantías constitucionales de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, así como endurecer las sanciones contra los disparos irresponsables al aire cuando estos ocasionen lesiones permanentes o la muerte de una persona.
Las modificaciones fueron rechazadas con el voto en contra de 21 senadores. Entre las propuestas figuraba la modificación del artículo 123, relativo al acoso u hostigamiento cibernético, así como la eliminación de los párrafos I y III del artículo 211, que establece cuáles actos no constituyen difamación o injuria. Fernández argumentó que la redacción actual podría interpretarse como una forma de censura previa, al condicionar el ejercicio de la libertad de expresión a requisitos que no están contemplados en la Constitución. “Las opiniones y críticas sobre asuntos de interés público no deben depender de autorizaciones implícitas ni de condiciones que limiten el ejercicio de ese derecho. Si una expresión causa un daño legítimo, para eso existen los tribunales. Necesitamos darle a los órganos de justicia un marco legal que les permita hacer su trabajo”, expresó el legislador.
Durante su intervención, Omar Fernández reconoció que el proyecto de reforma incorpora avances importantes y largamente esperados en la legislación penal dominicana, entre ellos la tipificación del sicariato, las estafas piramidales e inmobiliarias, el robo de identidad, el uso de sustancias químicas para agredir personas, el abandono de menores, el hostigamiento cibernético y el cúmulo de penas. Sin embargo, sostuvo que esos avances no deben impedir la corrección de disposiciones que, a su juicio, podrían vulnerar derechos fundamentales garantizados por la Constitución, insistiendo en la necesidad de que el nuevo Código Penal combine una mayor protección a las víctimas con el pleno respeto a las libertades públicas.
