SANTO DOMINGO. La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, negó este jueves que el Ministerio Público haya alcanzado un acuerdo con el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, o con los demás imputados en el proceso por presunta corrupción administrativa.
“En este momento el Ministerio Público no puede afirmar que tiene ningún tipo de acuerdo porque no existen tales acuerdos”, declaró Ortiz.
No obstante, la procuradora explicó que la política institucional del Ministerio Público favorece los acuerdos como mecanismo procesal, por lo que no descartó que estos puedan concretarse en una etapa posterior, siempre que las condiciones legales del caso lo permitan.
“Todos conocen que somos proacuerdos y no negamos la posibilidad de que, en un futuro, si se dieran las condiciones, pudieran existir esos acuerdos. En este momento no existen”, enfatizó la titular de la Pepca.
Las declaraciones de Ortiz surgen en medio del proceso judicial por presuntos actos de corrupción administrativa vinculados al caso Senasa, sobre el cual habían surgido versiones acerca de una posible negociación entre el Ministerio Público y algunos de los imputados.
CASO SENASA INVOLUCRA A 10 IMPUTADOS POR PRESUNTO DESFALCO SUPERIOR A RD$15,000 MILLONES
El proceso judicial por el presunto fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud involucra a diez personas acusadas de integrar una supuesta red de corrupción que habría provocado un desfalco superior a RD$15,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la acusación está encabezada por el exdirector ejecutivo del Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, señalado como el presunto líder de la estructura.
También figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
Durante el proceso, varios de los imputados obtuvieron variaciones en las medidas de coerción impuestas inicialmente. Entre ellas se encuentran el arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país, luego de que algunos colaboraran con la investigación o admitieran su participación en determinadas actuaciones, según el Ministerio Público.
El órgano acusador sostiene que la presunta red utilizó su posición dentro del Senasa y su relación con prestadores de servicios de salud para ejecutar un esquema de corrupción que incluyó, entre otras acciones, sobornos, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, prevaricación y lavado de activos, con el propósito de desviar recursos públicos.
