SANTO DOMINGO (República Dominicana) – La Fiscalía General volvió a subrayar la fuerza de la evidencia reunida en las treinta y cuatro causales que integran la acusación por corrupción administrativa contra el exdirector de la Procuraduría, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y sus colaboradores.
Según el propio órgano judicial, esas causales evidencian una organización criminal estructurada que se dedicó a la extracción sistemática de recursos del erario, al blanqueo de capitales y a la manipulación de la institución de la Procuraduría General durante la administración de Rodríguez Sánchez.
El expediente, según la Fiscalía, se erige como uno de los procesos con mayor número de líneas de investigación en la historia nacional, dada la variedad y la extrema gravedad de los delitos detectados y consignados por el Ministerio Público.
En la denuncia se indica que se habría sustraído y malversado al Estado dominicano más de 6,000 millones de pesos, afectando directamente el patrimonio público y el funcionamiento del sistema judicial.
“Bajo la conducción del principal imputado, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se planificó y mantuvo una conducta delictiva de gran magnitud”, manifestó la Fiscalía. “Aprovechando la institucionalidad como herramienta, la red persiguió dos metas constantes: la acumulación de riqueza ilícita mediante el desvío de fondos públicos y la construcción de una carrera política, llegando a destruir documentos institucionales”.
En cuanto a la magnitud de los hechos, la Fiscalía resaltó que el número récord de líneas de investigación cubre conductas que van desde la extorsión y el soborno hasta el sabotaje informático.
Entre las principales causales se encuentran la utilización del Comité de Compras y Contrataciones como vehículo para defraudar, desfalcar y apropiarse de fondos estatales, así como para extorsionar y manipular procesos, con la falsificación de decenas de actas del comité.
Se acusa también de un esquema fraudulento en la contratación de suministro de alimentos para prisiones y centros de menores, que impactó a más de 27,000 internos, mediante una red de empresas bajo control del acusado y de su cuñado, Rolando Rafael Sebelén.
Otra línea señala la falsificación y superposición digital de firmas y sellos para crear actas de sesiones inexistentes, acompañada de la destrucción masiva de documentos públicos de compras en julio y agosto de 2020, con el objetivo de ocultar ilícitos.
Se denuncia la contratación fraudulenta del laboratorio de ADN del INACIF, donde se pagaron equipos inservibles tras un esquema de falsedad y soborno, generando pérdidas millonarias al Estado.
Asimismo, se denuncia el uso indebido del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, incluido el Centro de Cuidado Regional La Nueva Victoria, para captar sobornos millonarios y lavar activos a través de múltiples contratistas, mediante la asignación de obras con la obligación de entregar sumas en efectivo.
La Fiscalía también señaló la recepción de información privilegiada y pagos por bienes no entregados a empresas como AM Multigráfica y Soluciones Globales Pérez Mella, así como el desfalco mediante la compra de boletos aéreos y hospedaje por parte de Global Tours & Travel, encubiertos con facturas falsas para fines personales y políticos.
Se describió la práctica de fraccionar contrataciones para favorecer a determinadas empresas, el financiamiento ilícito de la carrera política del Movimiento Político Renovación mediante desvío de presupuestos y nóminas de la PGR, y el lavado de activos a través de la sede del movimiento usando testaferros y pagos en efectivo por US$1,268,500.
Otro punto destacado fue la creación de una “granja de bots” financiada con recursos de la corrupción, que generó más de 18,000 cuentas falsas para manipular tendencias en redes sociales y desacreditar a periodistas y líderes de opinión.
Se incluye también la contratación de empleados fantasma obligados a devolver entre el 85% y el 90% de su salario para alimentar la granja de bots, y la contratación irregular de asesores mexicanos, conocidos como “Los Tequilas”, pagados en efectivo y transferencias internacionales para fortalecer la carrera política del acusado.
Otras causales abarcan la desviación de fondos para consultorías políticas sin productos verificables, la simulación de capacitaciones institucionales para encubrir pagos por asesoría de imagen y manejo de crisis, y el fraude en la subasta PSBI‑01‑2019 de bienes incautados mediante tasaciones fraudulentas y uso de testaferros.
Finalmente, la Fiscalía señala desfalcos en la Unidad de Custodia de Bienes Incautados mediante cheques sin fundamento, el desvío de armas incautadas, la asignación ilícita de inmuebles y vehículos decomisados, la sobrevaluación de informes de antropología forense para favorecer a suministradores, la creación de contratos simulados de transporte y la generación de necesidades ficticias para monopolizar servicios de impresión, todo ello bajo estructuras de extorsión a proveedores como Displa y TRANSFA.
