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El Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD) ha definido lineamientos orientados al avance territorial de las diversas comunidades que integran la República Dominicana, recordando que hace catorce años se aprobó una normativa que inserta al país dentro de los retos y metas internacionales fijados para 2030, en sintonía con los progresos que otras naciones buscan lograr en los ámbitos social, económico e institucional.
Dicho marco se concreta en la Ley 1‑12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual persigue una nación próspera donde la población viva con dignidad bajo una democracia participativa y eficaz, administrando sus recursos para impulsar un desarrollo adecuado y posicionarse de forma competitiva en la economía global.
El CRD indica que la ejecución plena de esas directrices constituye la máxima prioridad, pues considera que la República se halla en una encrucijada: para alcanzar los objetivos planteados, es necesario acelerar el ritmo, ya que las estrategias adoptadas hasta ahora no han avanzado con la rapidez requerida y los indicadores evidencian un rezago pese a los esfuerzos del Ministerio de Hacienda y Economía y de múltiples entidades públicas y privadas.
El Ministerio de Hacienda y Economía comparte la visión del CRD y reconoce que el retraso visible en todas las comunidades del país obliga a revisar factores impactados por cambios a nivel nacional e internacional, incorporando elementos que no fueron considerados al diseñar la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Asimismo, el organismo admite que la complejidad inherente a los cuatro ejes propuestos para la Estrategia 2030 demanda la incorporación de nuevos instrumentos estratégicos, tal como ha sugerido el propio CRD, para impulsar de forma armónica el progreso social y económico sustentable.
El Consejo subraya la urgencia de encaminar al país hacia una mejor dirección, señalando un proceso lento y alarmante, sobre todo en lo que respecta al cuarto eje, que promueve una sociedad de producción y consumo más descentralizada, adaptable al medio ambiente y a los sistemas emergentes.
Tras la promulgación de la Ley Orgánica 345‑22, que creó diez Regiones Únicas en la República Dominicana y fue firmada por el presidente Luis Abinader Corona el 2 de agosto de 2022, el CRD observó que esa división territorial carecía de la coherencia requerida por la Estrategia Nacional de Desarrollo, pues no garantizaba similitud en desarrollo social, recursos naturales, infraestructura vial y acceso marítimo entre las regiones.
Al examinar las diez regiones establecidas, se evidencian diferencias marcadas que colocan a muchas de ellas en clara desventaja para su progreso, lo que dificulta la aplicación uniforme de políticas de desarrollo.
A pesar de la estructura impuesta por la Ley 345‑22, el CRD sostiene que aún es posible alcanzar un desarrollo regional sostenible, incluido el Gran Santo Domingo, siempre que se adopte una estrategia distinta que genere recursos propios, fomente una descentralización progresiva del Estado y mantenga la coherencia territorial prevista para 2030.
La propuesta del Consejo consiste en crear cinco grandes “Mancomunidades Regionales” a partir de las actuales diez Regiones Únicas y sus municipios, utilizando la Ley 176‑07 del Distrito Nacional y los Municipios, la cual permite a los municipios asociarse en “Mancomunidad” para ejecutar conjuntamente obras y servicios dentro de sus competencias.
Estas cinco agrupaciones cumplen con los requisitos de similitud y competencias necesarias para su desarrollo, y se sugiere denominarlas “Mancomunidades Quisqueyanas”, en honor a los nombres taínos que caracterizan gran parte del territorio y que pueden fortalecer marcas turísticas, productivas y comerciales.
Mancomunidad Quisqueyana Cibao‑Norte: integrada por las regiones Cibao Norte y Cibao Noroeste, abarcando 41 municipios.
Mancomunidad Quisqueyana Cibao Central: compuesta por las regiones Cibao Sur y Cibao Nordeste, con 28 municipios bajo su gestión.
Mancomunidad Quisqueyana del Gran Higüey: reúne a las regiones Yuma e Higuamo, sumando 21 municipios.
Mancomunidad Quisqueyana Gran Jaragua: agrupa a las regiones Valdesia, Enriquillo y El Valle, comprendiendo 60 municipios.
Mancomunidad Quisqueyana del Gran Santo Domingo: conformada por la Región Metropolitana/Ozama y sus ocho municipios.
La creación de estas mancomunidades podría generar un impacto relevante en las zonas rurales, al fomentar la cooperación y la sinergia entre municipios para proyectos comunes de infraestructura vial, servicios básicos y desarrollo agrícola.
Al trabajar de forma conjunta, los municipios rurales multiplican los recursos disponibles, evitan la duplicación de esfuerzos y potencian la ejecución de obras que benefician a toda la población.
Las mancomunidades también pueden diseñar estrategias de desarrollo sostenible que promuevan el uso responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y prácticas agrícolas respetuosas.
La unión de municipios permite acceder a fondos estatales, programas de desarrollo y cooperación internacional que, de manera individual, resultarían inaccesibles.
Además, la coordinación entre las entidades facilita la prestación de servicios esenciales como agua potable, saneamiento, educación y salud, mejorando directamente la calidad de vida de los habitantes rurales.
Participar activamente en una mancomunidad fortalece la voz de las comunidades rurales en la toma de decisiones y en la planificación de su propio futuro.
A nivel rural‑urbano, estas agrupaciones pueden establecer alianzas público‑privadas para la construcción de carreteras, aeródromos, ferrocarriles y otros proyectos que impulsen el desarrollo comunitario.
No obstante, el CRD reconoce que existen desafíos como financiamiento insuficiente, complejidad en la coordinación intermunicipal, limitaciones técnicas y administrativas, así como desigualdad territorial.
Superar dichos obstáculos requerirá un esfuerzo continuo y una visión compartida que priorice el desarrollo local y la equidad entre todas las regiones.
