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Los hechos del día revelaron que El viernes, el mandatario boliviano Rodrigo Paz tomó la decisión de remover del cargo al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, después de que el Congreso lo censurara el martes pasado por no presentarse a una interpelación sobre las medidas gubernamentales para enfrentar la crisis económica del país.
Resulta relevante destacar que El acto de destitución se formalizó mediante un decreto publicado en la Gaceta oficial de Bolivia, mediante el cual se nombró de manera interina a Oscar Mario Justiniano, titular de la cartera de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, como nuevo ministro de Economía. Espinoza solicitó posponer la interpelación alegando compromisos de viaje al departamento oriental de Santa Cruz y a Brasil para atender asuntos oficiales; sin embargo, su petición fue rechazada y, de los 129 parlamentarios presentes, 91 votaron a favor de la censura. De acuerdo con la Ley 1350, que regula los efectos de una censura, una vez que la resolución sea resuelta y notificada formalmente al presidente, este debe proceder a la destitución del ministro censurado en un término máximo de 24 horas.
Las fuentes consultadas aseguró que el Gobierno argumentó que la resolución de censura emitida por el Legislativo es «es inconstitucional», al interpretar que la Constitución exige el voto de dos tercios de todos los miembros de la Asamblea y no solo de los legisladores que asistieron a la sesión, como ocurrió en este caso. Con esa misma línea, Espinoza comunicó el mismo día que consultaría al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de su censura y la posible destitución. El decreto firmado por Paz indica que se interpuso una acción de amparo constitucional y que la Sala Constitucional Tercera, ubicada en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, «apuntó audiencia para el 24 de agosto» para tratar el asunto.
De acuerdo con las fuentes, El decreto firmado por Paz indica que se interpuso una acción de amparo constitucional y que la Sala Constitucional Tercera, ubicada en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, «marcó audiencia para el 24 de agosto» para tratar el asunto. Sin embargo, la normativa señala que, en los antecedentes enviados al Ejecutivo respecto a dicha audiencia, no se menciona la existencia de una medida cautelar, determinación o disposición expresa que suspenda los efectos de la resolución de censura. Por consiguiente, al cumplirse el plazo establecido por la Ley 1350, el decreto dispone que «corresponde disponer la destitución del ministro de Economía y Finanzas Públicas censurado, sin perjuicio de las determinaciones» que pueda emitir la Sala Constitucional, garantizando así la continuidad del funcionamiento de esa cartera del Estado.
Las partes involucradas no han emitido comentarios adicionales.
