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Andrea Mauk, de 42 años, se enteró del fatal accidente que cobró la vida de su hijo Damon, de 18 años, mientras viajaba. Al regresar a su vivienda en Ohio, constató que el cuerpo del joven había sido intervenido para extraerle ojos, piel, válvulas cardíacas, ligamentos y otros tejidos, todo sin su autorización. «Me robaron los ojos de mi hijo», manifestó la madre, según fuentes periodísticas.
El siniestro ocurrió el 24 de junio de 2023, cuando el automóvil de Damon se salió de una vía rural en Lucas, Ohio, y chocó contra un árbol. Mauk asegura que el hospital nunca la contactó, pese a figurar como contacto de emergencia principal en los expedientes médicos. La autorización para la donación de tejidos se gestionó con el padre biológico del joven, una persona que, según la madre, apenas había participado en la vida de Damon. Es importante señalar que el joven no estaba registrado como donante de órganos.
La mujer aclara que no se opone a la donación de órganos en sí, sino que protestó contra la falta de transparencia y por no haber sido consultada en un momento tan delicado. «Lo único que quería era que me llamaran. Se tomaron decisiones en las que no pude participar», declaró.
Una fracción de los tejidos extraídos se destinó a investigación científica, y los ojos de su hijo fueron enviados a Argentina, como reveló Mauk durante su testimonio ante el Senado de Ohio.
Tras vivir esta experiencia, Mauk impulsó una campaña para reformar la normativa estatal. Creó una petición en línea bajo el nombre “Ley de Damon”, cuyo objetivo es obligar a los hospitales a notificar y obtener el consentimiento de los familiares directos antes de cualquier extracción de tejidos. Además, compareció ante legisladores, denunciando lo que considera un vacío legal que permite a padres con escasa participación en la vida del menor autorizar donaciones sin consultar al progenitor que realmente lo crió.
El caso de Mauk se inserta en un contexto de mayor escrutinio federal sobre las organizaciones de procuración de órganos. En julio de 2026, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., bajo la dirección de Robert F. Kennedy Jr., anunció una reforma del sistema de trasplantes tras una investigación que expuso prácticas cuestionables, entre ellas evaluaciones neurológicas deficientes y procesos de consentimiento poco claros en una entidad que opera en Kentucky, Ohio y Virginia Occidental.
