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La propuesta de reforma constitucional que ha presentado el presidente chileno José Antonio Kast contempla la opción de declarar un estado de excepción de hasta ocho meses y limitar derechos fundamentales, lo que ha generado inquietud entre partidos políticos y analistas que advierten una posible erosión de libertades y un riesgo para la democracia.
Tras la aprobación de la polémica megareforma económica y tributaria, considerada la obra cumbre del Ejecutivo, el Gobierno avanzó de inmediato con esta iniciativa controvertida; sin embargo, su factibilidad en el Senado se encuentra en tela de juicio luego de su incorporación el lunes pasado.
«La reforma no es en ningún caso necesaria para combatir al crimen organizado y el terrorismo en Chile. No hay nada en la Constitución chilena que impida los objetivos que la agenda de seguridad del Gobierno plantea», afirmó el abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, en entrevista con la prensa.
El proyecto, que no fue sometido a consulta previa del Congreso, estipula que el presidente podría instaurar un periodo excepcional durante el cual se restrinja la libre circulación de las personas, el derecho de reunión y asociación, y se intercepten las comunicaciones de los ciudadanos por cualquier medio.
«Son medidas absolutamente abusivas que van contra cualquier sistema democrático, ni siquiera durante el estallido social de 2019 el expresidente Sebastián Piñera declaró el estado de sitio, sino el estado de emergencia, algo mucho más que lo que se propone ahora», señaló el especialista en seguridad de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, a la agencia de noticias.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la iniciativa argumentando que está pensada para «intervenir ciertas zonas donde operan grupos terroristas o el crimen organizado, que es de difícil penetración, donde necesitamos algunas facultades extraordinarias», según declaró en el programa Tolerancia Cero de una cadena de noticias.
Durante la última década, Chile ha pasado de ser uno de los países más estables de la región a convertirse en escenario de múltiples organizaciones criminales transnacionales; el 96 % de la población considera que estas estructuras representan un «peligro directo para la seguridad nacional», según una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.
Ante esta amenaza, la lucha contra el crimen organizado se ha transformado en una prioridad nacional, lo que llevó a Kast a presentar ocho modificaciones a la Carta Fundamental dentro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Paralelamente, el Congreso está tramitando un conjunto de 19 iniciativas legales vinculadas, más alrededor de una decena de propuestas adicionales que buscan reforzar la seguridad del país.
No obstante, Araya subrayó que «lo más efectivo no está en la agenda» y acusó al Gobierno de buscar apariencias en materia de seguridad, en lugar de lo esencial: asignar mayores recursos para fortalecer las instituciones.
