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El equipo jurídico del presidente detenido Nicolás Maduro solicitó a un tribunal de EE. UU que desestime la acusación penal, sosteniendo que, como mandatario de Venezuela, posee inmunidad soberana.
Barry Pollack, abogado del caso, presentó este miércoles una solicitud ante la justicia estadounidense para que se archive el proceso penal contra el líder, quien lleva bajo custodia en una cárcel de EE. UU. desde la operación militar que Donald Trump ordenó a inicios de enero en territorio venezolano. Sus defensores sostienen que, al ser jefe de una nación soberana, goza de la inmunidad pertinente.
Según el escrito de Pollack, tal acción vulnera la inmunidad absoluta que, desde tiempos ancestrales, protege a los jefes de Estado y a funcionarios extranjeros mientras desempeñan sus funciones oficiales.
El mismo jurista argumenta que el tribunal de EE. UU. carece de competencia, tanto por la inmunidad propia de un jefe de Estado como por la inmunidad derivada de la conducta, y por eso insiste en que se rechace el caso contra su cliente.
Pollack subraya que el presidente venezolano se ha declarado inocente y rechaza rotundamente los cargos, advirtiendo que, de llegarse a juicio, quedaría claro que la acusación es injusta.
Maduro y su esposa Cilia Flores siguen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura en Caracas el 3 de enero, mientras su expediente avanza ante la corte de Nueva York. La fiscalía estadounidense tiene plazo hasta el 2 de octubre para responder a las mociones, probablemente en contra, y la audiencia para debatirlas está fijada para el 17 de noviembre. Si el juicio se concreta, no se celebraría antes de junio de 2027.
El representante legal de Maduro calificó el secuestro como una violación al derecho internacional, declarando: «Soy un presidente secuestrado, prisionero de guerra». Estas palabras surgieron durante su primera comparecencia ante un tribunal neoyorquino, donde él y Cilia Flores se declararon no culpables frente a la acusación de narcotráfico presentada en enero de 2026.
Nicolás Maduro llegó al poder por primera vez en 2013. Tras su detención, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina. Rodríguez ha criticado abiertamente la acción militar estadounidense, aunque también ha manifestado su disposición a iniciar un nuevo ciclo de diálogo y cooperación con Washington.
El proceso judicial contra Maduro se interpreta como una señal de lo que podría convertirse en un nuevo orden jurídico global, donde la potencia dominante emplea sus tribunales como extensión de su autoridad, mientras la soberanía de los Estados se ve minada por la aplicación extraterritorial de la ley del más fuerte.
Solo siete meses después del arresto de Maduro, la administración de Donald Trump formalizó un acuerdo con la presidenta interina Delcy Rodríguez para adjudicarse el veinte por ciento de las reservas petroleras de Venezuela, equivalentes a cerca de 65.000 millones de barriles de crudo.
Trump describió el petróleo venezolano como un «regalo» en medio de la crisis de reservas.
Ese convenio ha suscitado una fuerte oleada de críticas; expertos afirman que podría contravenir la Constitución venezolana y el derecho internacional, y ponen en duda la legitimidad de un gobierno interino para comprometer los recursos del país durante tanto tiempo.
La ciudadanía venezolana ha manifestado su rechazo al pacto petrolero entre Caracas y Washington.
