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La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana afirma que el país ya cuenta con un conjunto de normas jurídicas suficientes para enfrentar los delitos contra el entorno natural.
En su pronunciamiento, la comisión abordó el recientemente emitido Decreto 615‑26, cuyo propósito es intensificar la persecución de las infracciones ambientales y asegurar la protección de las áreas protegidas.
Aunque reconoce el valor de cualquier medida que busque detener, controlar y reducir las actividades ilícitas que dañan el medio ambiente, advirtió que la pérdida continua de bosques, montañas, ríos, humedales, zonas protegidas y biodiversidad no se explica por la falta de instrumentos legales, sino por el incumplimiento de las obligaciones institucionales establecidas en la normativa vigente.
Según la entidad, la República Dominicana dispone de un amplio marco jurídico encabezado por la Constitución y complementado, entre otras disposiciones, por la Ley 64‑00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 202‑04 de Áreas Protegidas y la Ley 333‑15 de Biodiversidad, sin olvidar los planes de manejo, reglamentos, normas y los convenios internacionales vinculantes.
“Lo que se necesita es poner en práctica las herramientas jurídicas existentes”, subrayó la Comisión.
La Academia sostuvo que, con voluntad política, una planificación adecuada y un compromiso institucional serio, sería posible fortalecer la defensa de los recursos naturales y enfrentar de manera más eficaz las infracciones medioambientales; también expresó su preocupación por la tardía respuesta ante problemas que requieren prevención, controles efectivos y una aplicación constante de la legislación, criticó la actuación del Ministerio de Medio Ambiente en casos de daño ambiental y cuestionó el desempeño de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).
Finalmente, la Academia de Ciencias anunció que mantendrá una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de los compromisos anunciados y la ejecución efectiva de las medidas previstas en el decreto, reiterando su disposición a colaborar en la defensa y preservación del patrimonio natural dominicano.
