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La judicatura ecuatoriana desestimó la solicitud de habeas corpus que buscaba impedir la captura del exmandatario Abdalá Bucaram; el político está obligado a comparecer ante el tribunal que dictará la condena en una causa por supuesta delincuencia organizada.
Dicha petición la presentó María Rosa Pulley, esposa del expresidente, quien alegó que la medida de captura pone en riesgo la vida y la salud de Bucaram, considerando su avanzada edad y una grave afección cardíaca.
Los magistrados de la Corte Provincial de Justicia del Guayas no acogieron esos fundamentos y ratificaron la vigencia de la orden de detención emanada de una sala de Quito, según informaron fuentes periodísticas.
La medida se dictó el jueves anterior, luego de que por sexta ocasión no se lograra celebrar la audiencia en la que los jueces pretendían pronunciarse sobre el expediente.
Ante los reiterados aplazamientos, el cuerpo judicial ordenó a la Policía mantener una vigilancia constante alrededor del centro hospitalario donde se halla Bucaram y proceder a su detención en el instante en que sea dado de alta.
El exmandatario ha invocado dolencias para eludir las comparecencias. El 26 de agosto, su defensa y familiares comunicaron su ingreso de urgencia tras una intervención cardíaca. A pesar de haber sido dado de alta poco tiempo después, fue internado nuevamente en otro establecimiento el lunes siguiente, fecha que coincidía con la audiencia prevista; la diligencia se reprogramó para el jueves, pero sus defensores volvieron a señalar que Bucaram seguía hospitalizado al no haber superado la intervención.
La Fiscalía ecuatoriana imputa a Abdalá Bucaram, a su hijo Jacobo Bucaram y a dos personas más la supuesta colaboración, entre marzo y agosto de 2020, con una red dedicada a lucrar con la venta de pruebas para detectar COVID‑19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria.
La pesquisa indica que la organización habría comercializado aproximadamente 21 000 pruebas diagnósticas para el coronavirus, junto con diversos artículos empleados en el sistema de salud.
Las autoridades señalan que dos ciudadanos israelíes colaboraron en el traslado de dichas pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia una vivienda vinculada al expresidente; uno de los involucrados fue asesinado en 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
La Fiscalía también indica que Bucaram habría acumulado otros insumos médicos, entre ellos mascarillas y lancetas para la toma de muestras.
El proceso judicial se dio de inicio formalmente, pese a que la causa ha enfrentado múltiples aplazamientos desde 2022; hasta el momento, alrededor de 50 personas —peritos y testigos— han comparecido, y sus declaraciones constituyen parte de las pruebas que respaldan la acusación.
Al rechazarse el habeas corpus, la orden de detención sigue vigente y las autoridades confían en poder trasladar a Bucaram ante el tribunal para que escuche la sentencia que le corresponde.
