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La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) de la Fuerza del Pueblo organizó, en la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este, una sesión centrada en la investigación, los trámites y el régimen sancionatorio aplicable al posible uso irregular de bienes y fondos del Estado con fines electorales.
Ese mismo sábado se presentó una ponencia bajo el título “Uso de los recursos del Estado en campañas electorales: investigación, procedimiento y régimen de consecuencias”. La charla estuvo a cargo de Surún Hernández, quien describió los instrumentos jurídicos para detectar irregularidades, los pasos procesales correspondientes y las sanciones que pueden derivarse del uso indebido de activos públicos en actividades político‑electorales.
Al evento asistieron dirigentes políticos, abogados y miembros de las estructuras territoriales de la Fuerza del Pueblo, en el marco de un programa de capacitación jurídica orientado a reforzar la capacidad de vigilancia y defensa electoral de la organización.
En representación del doctor, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y parte de la Dirección Política del movimiento, intervino el doctor, integrante de la Dirección Central y presidente de la Comisión de Organización Territorial de la SAJ.
El señor Rivera señaló que el debate sobre el empleo de recursos estatales reviste una importancia especial, pues, a su entender, la competencia electoral solo es democrática cuando todos los actores se rigen por normas idénticas.
“El Estado no puede convertirse en un comité de campaña financiado con el dinero de los ciudadanos. Los recursos públicos pertenecen al pueblo dominicano y utilizarlos para obtener ventajas electorales rompe la equidad, degrada las instituciones y afecta la legitimidad del proceso democrático”, declaró Rivera.
El responsable jurídico añadió que la Fuerza del Pueblo está formando equipos capaces de registrar, denunciar y perseguir, por los cauces institucionales, cualquier conducta que vulnerara la normativa electoral.
“No basta con denunciar políticamente. Hay que saber identificar la infracción, preservar las evidencias, sustentar jurídicamente cada caso y acudir a los organismos competentes. Esa es la responsabilidad que nos ha trazado el compañero Raúl Martínez desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos”, subrayó.
Rivera puntualizó que la meta de la SAJ es disponer de una estructura jurídica territorial lista para intervenir antes, durante y después del proceso electoral.
“Cuando se detecte una nómina pública usada para campaña, un vehículo del Estado puesto al servicio de intereses partidarios o cualquier recurso de los contribuyentes empleado para inclinar la competencia electoral, debe existir un equipo jurídico preparado para investigar, documentar y exigir consecuencias. El poder público no otorga licencia para apropiarse electoralmente del Estado”, enfatizó.
La jornada también incluyó la bienvenida del vicesecretario de la SAJ y coordinador de los abogados de la Circunscripción 1, así como el saludo del presidente de la Fuerza del Pueblo en esa demarcación.
La estructura jurídica territorial está compuesta por responsables de organización, capacitación legal, asuntos contencioso‑electorales, derecho público, derecho privado, asuntos gremiales y otras áreas destinadas al trabajo jurídico y electoral.
El evento se llevó a cabo en la sede de la Fuerza del Pueblo en la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este y culminó con una ronda de preguntas y respuestas centrada en los mecanismos legales e institucionales vinculados al uso de recursos públicos durante los procesos electorales.
