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Redacción: Manuel Hernández Villeta
La distribución de cuotas a los partidos políticos no debería incorporarse al método de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Desde hace años, se ha venido aplicando una repartición entre los partidos más relevantes.
En el contexto actual, donde se debate la autonomía del poder judicial, es fundamental que los partidos se mantengan al margen al momento de formar el pleno. Romper con esa práctica tradicional resulta un reto.
No es contradictorio reconocer que un magistrado puede contar con respaldo encubierto de una agrupación política; aunque ello no le obligue a seguir sus instrucciones, tampoco representa el camino correcto para el desarrollo de la justicia.
En la República Dominicana parece que ninguna área escapa a la costumbre de asignar cuotas a los partidos; los diferentes grupos llegan a acuerdos y cada uno conserva su territorio de influencia.
Es una tarea ardua, casi imposible, eliminar la presión de los partidos en la designación de los nuevos magistrados y del presidente de la Corte Suprema. De hecho, ya se rumorea con certeza sobre varios posibles candidatos.
Incluso los murmullos de la ciudadanía destacan a un profesional de gran capacidad y rectitud, considerado casi indispensable para llegar a la presidencia del máximo tribunal del país.
Lo esencial es contar con un proceso institucional robusto a nivel nacional que seleccione a los jueces por su autonomía de criterio, experiencia demostrada y aptitud para impulsar la modernización del Poder Judicial.
El nombramiento de los magistrados implica una tarea exigente que debe ejecutarse con la mayor responsabilidad; no se trata solo de un cargo administrativo, sino de garantizar la independencia del poder judicial.
Se ha logrado un avance significativo en la independencia del sector judicial, sobre todo si se compara con la época en que los magistrados eran nombrados por decreto y, en la mayoría de los casos, dependían directamente del presidente en funciones.
No se permite retroceder a esa etapa ya superada; la justicia dominicana necesita bases sólidas que aseguren la protección de los derechos de toda la población.
Es indispensable reforzar el cuerpo judicial para que, en los años venideros, los partidos políticos no tengan ninguna cuota y la competencia se base exclusivamente en los méritos acumulados, sin privilegios de pactos internos.
A pesar de la persistencia de las cuotas, conservamos la confianza y la esperanza de que los magistrados elegidos ejerzan sus funciones con responsabilidad, continuando la tarea de afianzar la independencia judicial y el fortalecimiento institucional.
