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Santo Domingo, RD – El Frente Amplio lanzó un llamado de atención acerca de los efectos que una eventual revocación del Decreto 693‑24 podría acarrear en la economía y la sociedad, indicando que una apertura súbita del mercado amenazaría la producción local de arroz, decenas de miles de puestos de trabajo y la garantía alimentaria nacional.
María Teresa Cabrera aclaró que el arroz no es un bien cualquiera, pues constituye un elemento fundamental en la alimentación de los dominicanos y tiene un peso significativo dentro del entramado productivo del país. Señaló que alrededor de esta actividad se despliega una extensa cadena que incluye a los agricultores, los trabajadores del campo, las fábricas procesadoras, los transportistas, los proveedores de insumos y maquinarias, las instituciones financieras, los centros de almacenaje y los canales de distribución.
«No se trata sólo de un tema arancelario; estamos defendiendo una estructura productiva que genera empleo, dinamiza las economías rurales y garantiza la capacidad del país de producir sus propios alimentos», manifestó Cabrera.
Con base en los datos oficiales que citó el sector, la actividad arrocera involucra a más de 30 000 productores, genera aproximadamente 80 000 empleos directos y supera los 50 000 puestos indirectos. Además, el arroz representa entre el 13 % y el 15 % del PIB agropecuario, de modo que una caída importante en la producción nacional tendría repercusiones más allá del sector agrícola.
«Reemplazar la producción dominicana por importaciones no significa simplemente comprar arroz del exterior; también implica trasladar al extranjero parte del valor añadido, los ingresos y los empleos que hoy se crean aquí», explicó la vocera.
Cabrera puso en duda que la supresión o reducción de los aranceles produzca de forma automática una disminución proporcional del precio que paga el consumidor, recordando que el costo final del arroz depende también de los precios internacionales, fletes, seguros, tipo de cambio, cargos portuarios, procesos de transformación, distribución y márgenes de comercialización.
Como referencia, recordó que Costa Rica bajó en 2022 los aranceles aplicados al arroz con la intención de contener los precios, experiencia que, a juicio del Frente Amplio, evidencia la necesidad de evaluar si la rebaja arancelaria se traduce realmente en beneficios para el consumidor antes de debilitar la producción nacional.
La presidenta también subrayó la desigualdad en la que compiten los agricultores dominicanos frente a sus contrapartes estadounidenses, quienes cuentan con diversos mecanismos de apoyo público, como programas de garantía de precios, créditos para la comercialización y coberturas contra riesgos agrícolas.
Para la agrupación, el punto central del debate es la seguridad y soberanía alimentaria, pues una mayor dependencia de importaciones expone al país a factores externos como conflictos internacionales, fenómenos climáticos, interrupciones logísticas, restricciones a exportaciones, alzas en los fletes y fluctuaciones cambiarias.
«Una nación que posee la capacidad de producir un alimento esencial para su población no debe renunciar alegremente a esa capacidad; la seguridad alimentaria es también una cuestión de soberanía nacional», afirmó la vocera.
El Frente Amplio reiteró su rechazo a la derogación del Decreto 693‑24 y enfatizó que la defensa de la producción local debe ir acompañada de una política integral que eleve la productividad y competitividad del sector arrocero, impulsando la modernización, mecanización, investigación de nuevas variedades, reducción de costos, aumento de rendimientos, uso eficiente del agua, financiamiento, infraestructura, almacenamiento y fortalecimiento tecnológico de toda la cadena.
«Defender el Decreto 693‑24 no implica defender el atraso; es necesario proteger la producción nacional mientras se acelera su modernización para lograr un arroz más competitivo, con menores costos y mejores rendimientos», concluyó Cabrera.
