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Los abogados que representan a la exfuncionaria venezolana Cilia Flores presentaron ante un juzgado federal de Nueva York una petición para que la procesada continúe su proceso bajo un régimen de detención en su domicilio, argumentando que su estado de salud requiere atención médica especializada que, según la defensa, no puede recibir de manera adecuada en la cárcel donde está recluida desde el 3 de enero.
La solicitud sugiere que Flores sea puesta bajo custodia en una vivienda particular de la ciudad, con estrictas medidas de seguridad, manteniéndola bajo la autoridad de los Estados Unidos mientras avanza el proceso judicial que enfrenta junto a su cónyuge, el expresidente venezolano Nicolás Maduro.
De acuerdo con el escrito, la ex primera dama permanecería en una residencia vigilada las veinticuatro horas del día por guardias armados y portaría una pulsera electrónica que permitiría rastrear en tiempo real su ubicación.
El esquema de detención también incluye una limitación rigurosa de sus contactos: las visitas quedarían restringidas a personas autorizadas por la corte y la Fiscalía, y todas sus llamadas telefónicas serían interceptadas. Además, la defensa se compromete a entregar su pasaporte y a asumir los costos del traslado y del sistema de vigilancia.
El eje central de la petición radica en los problemas de salud que, según sus representantes, ha sufrido Flores durante su reclusión. Señalan que la mujer de 69 años ha presentado dolores torácicos, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de 24 libras, equivalentes a aproximadamente 11 kilogramos, desde su captura.
Uno de los incidentes que la defensa menciona ocurrió en una fecha no especificada, cuando la acusada habría experimentado, por alrededor de treinta minutos, una intensa presión en el pecho. Los abogados sostienen que dicho episodio podría haber sido un infarto, aunque puntualizan que esa hipótesis no ha sido confirmada mediante exámenes médicos.
Los representantes legales afirman que Flores necesita un tratamiento cardíaco especializado que, según su versión, el centro federal donde está recluida no dispone, por lo que no podría brindarle la recuperación necesaria.
La petición, no obstante, no busca su liberación sin supervisión alguna; al contrario, la defensa propone un mecanismo de vigilancia permanente que incluye guardia armada, monitoreo electrónico, control estricto de visitas, interceptación de llamadas y la retención de su pasaporte, con el objetivo de garantizar que la acusada siga bajo la jurisdicción estadounidense.
Este procedimiento forma parte de la causa que se originó tras la operación estadounidense que detuvo en Caracas a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, trasladándolos posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos federales por presunto narcotráfico y narcoterrorismo.
La Fiscalía de los EE. UU. mantiene sus acusaciones sobre la supuesta participación de los detenidos en actividades vinculadas al tráfico de cocaína, mientras la defensa ha cuestionado varios aspectos del proceso.
El juicio oral está previsto para el próximo año; antes de esa fecha, el caso continuará con audiencias y la discusión de las mociones presentadas por ambas partes.
En el caso concreto de Flores, corresponde ahora al tribunal decidir si los problemas médicos alegados justifican sustituir su reclusión actual por un régimen de arresto domiciliario bajo las condiciones estrictas propuestas. La audiencia para resolver esta solicitud está fijada para una fecha no especificada.
Así, el expediente judicial de la esposa de Maduro incorpora un nuevo elemento: el estado de salud de la acusada y la controversia sobre el lugar y las condiciones en que debe permanecer bajo custodia mientras se aguarda el juicio previsto para el próximo año.
