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En la fase final de la investigación dirigida por el Ministerio Público, se procedió a la detención de veintiocho personas, entre ellas médicos de distintas especialidades y otros profesionales del sector salud, bajo sospecha de haber formado parte de un presunto esquema de corrupción que habría usado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para desviar miles de millones de pesos de fondos públicos.
Los capturados incluyen cirujanos ortopedistas, pediatras, ginecólogos y demás especialistas, además de dos individuos vinculados al ámbito farmacéutico, según la información proporcionada por los abogados que representan a varios de los acusados.
Entre los nombres revelados por fuentes se encuentra el doctor Juan Gabriel Rodríguez Revelo, quien fuera subdirector del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, y otro médico cuya identidad ha sido señalada por fuentes periodísticas. Los operativos comprendieron treinta y siete allanamientos realizados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
Participaron cuarenta y cinco fiscales, doscientos agentes de la Policía Nacional y dieciséis miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, con el respaldo de la Dirección Nacional de Investigaciones del Ministerio Público. Durante los registros se incautaron bienes, efectivo, vehículos y armas de fuego, aunque aún no se ha divulgado el valor exacto de lo apoderado.
Esta etapa, bautizada como Operación Cobra 2.0‑A, amplía el alcance de la pesquisa a médicos y demás prestadores de servicios de salud, mientras que la fase anterior se centró principalmente en exfuncionarios de SeNaSa. Se están investigando posibles sobornos, facturación duplicada, falsificación de estados financieros, cobros por servicios no prestados y el uso de documentos falsos, hechos que, según el MP, habrían ocasionado pérdidas de miles de millones de pesos a los afiliados.
El Ministerio Público ha manifestado su intención de llevar a juicio a los profesionales de la salud que presuntamente participaron en estas maniobras; los abogados de algunos detenidos sostienen que las pesquisas giran en torno a facturas por servicios supuestamente inexistentes o alteradas. Hasta la fecha no se ha publicado la lista oficial completa de los arrestados ni el monto exacto atribuido a esta nueva fase, información que se espera sea revelada en los próximos pasos del proceso judicial.


