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Un empresario que se dedica a la importación de automóviles ha manifestado que la Dirección General de Aduanas (DGA) estaría obstaculizando que ciertos autos híbridos procedentes de Estados Unidos accedan al beneficio arancelario contemplado en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR‑CAFTA), lo que, según su punto de vista, perjudica principalmente a los pequeños actores del sector.
El comerciante remitió una solicitud formal al director general de Aduanas, Nelson Arroyo, pidiéndole que reconsidere los criterios empleados para la admisión de híbridos, en especial a los modelos Honda CR‑V fabricados entre 2021 y 2026.
Guillermo, quien encabeza la firma importadora, argumenta que esos vehículos son de origen estadounidense y que sus componentes y especificaciones cumplen con los requisitos exigidos para beneficiarse del trato arancelario preferencial que establece el acuerdo comercial.
“Nelson Arroyo, permítenos seguir creciendo”, exclamó el importador, solicitando que a los pequeños distribuidores se les apliquen normas de manera uniforme.
El empresario recordó que lleva varios años trayendo unidades híbridas y que, en el pasado, los automóviles que cumplían con los parámetros del tratado obtenían de forma automática la exención o reducción de aranceles.
Guillermo advirtió que la reciente variación en la interpretación del beneficio arancelario podría traducirse en una caída de las importaciones de híbridos, lo cual repercutiría negativamente en la actividad económica de pequeños distribuidores y dealers que dependen de ese nicho.
El importador también señaló una supuesta disparidad en la aplicación del beneficio: mientras algunos pequeños comerciantes verían denegado el trato preferencial, ciertos concesionarios consolidados seguirían recibiéndolo, aunque no aportó pruebas documentales que respalden esa diferencia.
Frente a este escenario, solicitó a la DGA que revise los procedimientos que determinan la elegibilidad de un vehículo bajo el DR‑CAFTA y que garantice una aplicación idéntica de los requisitos para todos los participantes del mercado.
Además, pidió la intervención de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, instándola a colaborar con las autoridades dominicanas para esclarecer si los automóviles en cuestión cumplen con las reglas de origen y demás condiciones previstas en el tratado.
Guillermo subrayó que una revisión conjunta entre ambos países permitiría precisar las condiciones bajo las cuales los híbridos de EE.UU. pueden beneficiarse de las preferencias arancelarias, y reiteró la necesidad de que el trato sea uniforme para importadores y concesionarios que demuestren el cumplimiento del acuerdo.
Advirtió que, de persistir la situación, se podría observar una disminución de la oferta de estos vehículos y mayores dificultades para los pequeños comerciantes que operan en ese segmento del mercado automotriz.
“Nelson Arroyo, no permitas que se caiga la importación”, manifestó con insistencia.
Finalmente, Guillermo volvió a hacer un llamado al titular de Aduanas para que analice el caso, escuche las inquietudes de los pequeños importadores y verifique si existe alguna diferencia en la aplicación del DR‑CAFTA respecto a los híbridos procedentes de Estados Unidos.
“Somos el sol y no nos vamos a quedar callados. Aquí estoy yo para alzar la voz por los que tienen miedo de hablar”, concluyó el comerciante.
