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El exsenador y exsecretario agropecuario del PLD, Sánchez Roa, ha pedido una convocatoria de emergencia de la Comisión Nacional Arrocera ampliada, motivado por la reciente desgravación arancelaria que impacta al sector.
En sus palabras, las importaciones de arroz se incrementaron un 161.6 % desde 2020, acumulando 8.2 millones de quintales durante los seis años de gestión del gobierno actual.
Roa culpa este salto a una política que favorece la compra exterior, sumada a la negligencia y falta de capacidad de las autoridades actuales, quienes, según él, suspendieron el programa impulsado por la administración previa para lograr la competitividad del arroz bajo el acuerdo comercial.
El dirigente puntualiza que en 2020 las nuevas autoridades anularon ese plan, lo que habría comprometido la meta de competitividad prevista para 2023 y dejado al país vulnerable ante la eliminación progresiva de aranceles contemplada en el DR‑CAFTA.
Durante el periodo de seis años, las autorizaciones de importación se fueron concediendo de forma gradual, alcanzando un total de 8.2 millones de quintales procedentes del exterior, inclusive en los trámites realizados bajo el decreto 693‑24 y en el año 2026.
Al contrastar los volúmenes, señala que en los últimos cinco años del gobierno anterior se importaron 2,663,972.9 quintales, mientras que en los cinco años completos del actual gobierno las importaciones superarían los 6,966,385.2 quintales.
Este aumento, advierte, ha generado un desajuste en el sector, una merma en la rentabilidad de los productores y una duplicación del precio del arroz para los consumidores.
Roa insta al Poder Ejecutivo a convocar de urgencia la Comisión Nacional Arrocera ampliada, con la participación de organizaciones de productores, gremios agropecuarios, universidades, expertos en comercio internacional y representantes de la vida política nacional.
Argumenta que una eventual liberalización arancelaria impactaría el principal rubro agrícola del país, por lo que las decisiones deben tomarse con la inclusión de todos los sectores, dada su repercusión en la economía, la estabilidad social y la seguridad alimentaria.
El exsenador recuerda que la producción de arroz se había duplicado en las últimas décadas, pero que ese avance quedó interrumpido a partir de 2020 por la competencia de importaciones y la retirada de acciones técnicas y financieras que antes gestionaba el Ministerio de Agricultura.
Destaca que la actividad arrocera involucra a más de 30,000 productores en 21 provincias y genera cientos de miles de empleos directos e indirectos.
Para concluir, afirma que aunque el decreto arrocero tiene apariencia popular, el propio Gobierno lo está vulnerando, y cualquier medida debe procurar simultáneamente la rentabilidad y sostenibilidad de los agricultores, el abastecimiento continuo y precios justos para los dominicanos.
