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El segundo día del VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional, giró en torno a la discusión de temáticas esenciales de la justicia actual, como la defensa de las garantías procesales, la valoración de la prueba, la función de los tribunales y las reformas normativas encaminadas a robustecer el Estado de derecho.
La jornada matutina arrancó con la ponencia del Dr. Manuel Cancio Meliá, titulada «Régimen de beneficios procesales restrictivos en la persecución de ciertas infracciones: ¿un ejemplo de derecho penal del enemigo?», donde el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid advirtió que la implementación de normas procesales limitantes para determinados delitos genera graves tensiones con los principios constitucionales y el debido proceso, al incidir directamente sobre los derechos de quienes son investigados o acusados. Continuó María Sagüés, profesora de la Universidad Austral, con su exposición «El debido proceso en el derecho internacional de los derechos humanos», subrayando la necesidad de respetar las garantías constitucionales para proteger los derechos y garantizar una defensa eficaz. Posteriormente, Eduardo Jorge Prats, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, abordó «El impacto del populismo penal en el debido proceso» y defendió una visión del derecho penal como herramienta para delimitar el poder punitivo del Estado y frenar las tendencias autoritarias propias de cualquier gobierno, incluso de uno que se declare Estado de derecho.
En el marco del congreso, el magistrado Francisco Ortega Polanco, integrante de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que la interacción entre las cortes supremas debe basarse en el diálogo y la cooperación, evitando confrontaciones, en pos del fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. Gerardo Eto Cruz, exjuez del Tribunal Constitucional del Perú, resaltó la función de los tribunales constitucionales en la protección del debido proceso, indicando que estas instancias controlan los excesos de poder y exhortó a los jueces a resistir cualquier presión externa. Asimismo, el jurista Roberto Quiroz, primer suplente del Defensor del Pueblo, explicó que la jurisdicción privilegiada constituye una competencia especial destinada a salvaguardar la función pública y prevenir abusos políticos durante la investigación de procesos, sin buscar beneficio para el investigado. Para cerrar el panel, Wilmer Espinosa, director jurídico del TC, puntualizó la influencia directa de la alta corte en la reforma del Código Procesal Penal dominicano, citando sentencias relevantes al respecto.
La tarde culminó con el panel titulado «Las prácticas distorsionadas», bajo la moderación del magistrado Fran Soto, también de la Suprema Corte de Justicia. En él, el jurista Pedro Balbuena analizó la lectura de la acusación, sus alcances y limitaciones; la magistrada Elka Reyes, de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, expuso sobre la audiencia preliminar; el magistrado Juan Carlos Bircann, procurador general de la Corte de Apelación de Santiago, trató la solicitud de medidas de coerción y la elaboración del documento acusatorio; y el magistrado Claudio Aníbal Medrano, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, conversó acerca del rol del juez al dirigir las audiencias.
La ciudadanía sigue observando con expectativa la evolución de estos debates y sus posibles repercusiones en el sistema judicial dominicano.
