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En las primeras horas del jueves, un magistrado federal revocó temporalmente la prohibición impuesta por el presidente de EE. UU. que impedía a tres organizaciones periodísticas acceder a la Casa Blanca, ordenando la restitución de sus acreditaciones.
Este hecho se enmarca dentro de una disputa cada vez más encarnizada entre el mandatario y los medios cuya cobertura le resulta desfavorable. El viernes anterior, el presidente anunció la exclusión de esos tres grupos, calificando sus informaciones como «noticias falsas» y alegando que su labor representaba un riesgo para la seguridad nacional.
Los representantes de los medios argumentaron que la medida vulneraba claramente la Primera Enmienda, al sancionar a los periodistas por el contenido de sus reportajes.
El juez de distrito, Kelly, concluyó que los demandantes habían cumplido con los requisitos legales para obtener una orden de restricción temporal de catorce días y advirtió que probablemente demostrarían que sus acreditaciones fueron revocadas sin las garantías procesales correspondientes. «Es un listón alto, pero los demandantes lo han cumplido», escribió en su resolución.
La determinación otorga a los medios un respiro momentáneo en su enfrentamiento con el Ejecutivo, aunque la administración ha encontrado repetidamente diversas formas de impugnar la información que no le agrada. Kelly indicó que el gobierno debe establecer criterios claros sobre las conductas que podrían motivar la retirada de una credencial, y calificó la expresión «cobertura objetable» utilizada por la Casa Blanca como «tan vaga que apenas sirve de nada».
El magistrado, designado por el presidente en 2017 y que en 2018 ordenó la restitución de la acreditación de un reportero en un caso similar, escuchó los argumentos de ambas partes el miércoles. Estas órdenes buscan mantener el statu quo mientras el tribunal lleva a cabo una revisión más profunda del asunto.
El abogado de los medios, Boutrous, describió el fallo como una victoria contundente que reafirma la libertad de prensa, el debido proceso y el Estado de derecho, y agradeció la pronta actuación del tribunal.
Durante la audiencia urgente, Kelly afirmó que su decisión debía basarse en precedentes judiciales de casos análogos relacionados con la Primera Enmienda, pese a la inconformidad del gobierno. El magistrado señaló que la Casa Blanca había argumentado que los fallos citados habían sido resueltos erróneamente, pero reiteró que el tribunal está obligado por la jurisprudencia del Circuito de D.C.
Asimismo, el juez desestimó la alegación de la Casa Blanca de que la revocación de las acreditaciones era necesaria por razones de seguridad nacional, indicando que los funcionarios presentaron escasos elementos que sustentaran tal argumento. «Nada en el expediente sugiere que la revocación de las credenciales permanentes de los demandantes estuviera motivada por preocupaciones de seguridad nacional», explicó.
El abogado del Departamento de Justicia, Velchik, sostuvo que el acceso a la Casa Blanca constituye un privilegio, no un derecho, y que el presidente puede decidir quién ingresa al recinto. Añadió que, aunque el mandatario ha criticado con mayor dureza a otros medios, no ha prohibido su ingreso.
Boutrous replicó que la cuestión de seguridad nacional surgió de repente y que el presidente sólo planteó ese argumento después de interponerse la demanda, señalando que Trump ha usado consistentemente la cobertura negativa como justificación para sus decisiones.
En un escrito presentado el martes, los abogados del gobierno describieron las cartas enviadas a cada uno de los tres medios, enumerando una lista no exhaustiva de «incidentes de cobertura», entre los que se incluían reportes sobre detalles de construcción ultrasecretos de un búnker del Ala Este, supuestas investigaciones por filtraciones y la publicación de un documento que detallaba el financiamiento del salón de baile de la Casa Blanca y describía posibles mejoras de seguridad del Servicio Secreto. La misiva dirigida a uno de los medios contenía seis casos, incluido uno de junio que citaba a un alto funcionario anónimo que predecía el fin de las negociaciones preliminares con Irán.
El veto provocó que otras organizaciones del pool de prensa, compuesto por cinco cadenas estadounidenses que rotan la cobertura presidencial, suspendieran la transmisión de los actos de Trump. En la ceremonia de bienvenida al presidente de China en la Base Conjunta Andrews, estuvieron presentes periodistas de otras cadenas, pero ninguno grabó videos.
Antes de la audiencia, varios medios, incluida la Associated Press, presentaron escritos instando al tribunal a restablecer de inmediato el acceso de los tres grupos periodísticos a la Casa Blanca.
