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En una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores celebrada este viernes en Washington, la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución que obliga a Nicaragua a convocar elecciones y a liberar sin condición a los presos políticos, luego de que el presidente Daniel Ortega anunciara que no habría más comicios.
El texto, aceptado por unanimidad, también solicita restablecer la separación de poderes, revelar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a quienes la perdieron, aunque no incluye sanciones específicas contra el gobierno de Ortega ni contra su esposa Rosario Murillo.
La OEA había llamado a una sesión extraordinaria de cancilleres, pero solo siete de los treinta y cuatro Estados miembros enviaron a sus ministros de Relaciones Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití; los demás remitieron delegados de menor rango.
Impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, la resolución insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas.
Asimismo, se constituye un grupo ministerial de seguimiento sobre Nicaragua, encargado de abrir un diálogo con el gobierno y la oposición y de presentar una serie de recomendaciones en un plazo de noventa días.
Brasil, que votó en contra de la convocatoria, destacó su rechazo a cualquier referencia que describa a Nicaragua como una posible amenaza a la paz y la seguridad regionales.
La OEA no había reunido a los ministros de Exteriores desde 2019, año en que trató la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.
El organismo decidió actuar después de que Ortega anunciara, el 19 de julio pasado, que Nicaragua no realizará más elecciones, medida que fue seguida por una reforma constitucional destinada a impedir la participación electoral de quienes se consideran “traidores a la patria”, aludiendo a la oposición.
Durante el encuentro del viernes, el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, acusó a la “dictadura” nicaragüense de vetar a la nueva embajadora estadounidense, Natasha Franceschi, cuya designación fue ratificada por el Senado el miércoles anterior.
El canciller dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, anunció la decisión de su país de cerrar la embajada en Nicaragua mientras persistan las condiciones de deterioro democrático.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, declaró que es “urgente” que Nicaragua recupere el orden constitucional y pidió a los Estados miembros emplear herramientas como sanciones económicas dirigidas que no perjudiquen a la población, así como restricciones financieras y de viaje para determinadas autoridades.
Paralelamente, la relatora de la CIDH para Nicaragua, Rosa María Payá, describió al país como un “estado policial” que utiliza su “arquitectura transnacional” para intimidar y acusar a sus nacionales en el exterior.
La reunión se llevó a cabo sin la presencia de representantes nicaragüenses, pues el país abandonó la organización panamericana en 2023 por decisión de Ortega.
