ENTRE2NEWS
La normativa recién aprobada condiciona los desembolsos a la eficacia de la atención y amplía la posibilidad de que los usuarios elijan el centro de salud que prefieran.
El rechazo a los cambios propuestos en la Ley 87-01, que regula el sector sanitario, muestra una disputa por la gestión de los recursos, en un contexto donde el gasto nacional en salud se estima en RD$500,000 millones para el año en curso, según la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT).
El informe indica que el Seguro Familiar de Salud (SFS) desempeña un papel esencial para reducir las brechas entre médicos y pacientes, fortaleciendo los derechos de los asegurados, permitiéndoles decidir dónde recibir atención y condicionando los pagos a la entrega real del servicio.
Arismendy Díaz Santana, presidente de la fundación, puntualiza que la autoridad dentro del sistema no depende únicamente de quién aporta los fondos, sino también de quién autoriza y ejecuta los pagos; al centralizar esas funciones en el Estado, según él, se disminuye la influencia directa del paciente sobre su propio cuidado.
El documento contrasta la situación de los pacientes que pagan directamente a sus médicos con la de quienes acuden a establecimientos públicos; en el primer caso, la posibilidad de elegir y remunerar al profesional estimula una atención de mayor calidad, mientras que en el segundo, los salarios fijos y los procesos de nombramiento pueden limitar la capacidad de decisión del usuario.
El análisis atribuye a una medicina pública altamente centralizada y vertical una parte importante de las desigualdades actuales, y menciona al Colegio Médico Dominicano (CMD) como uno de los colectivos que, mediante paros y huelgas, presiona al Estado para proteger sus intereses.
El SFS se sustenta en seis pilares: la participación de las administradoras de riesgos de salud (ARS) y de los prestadores de servicios de salud (PSS), tanto públicos como privados; la libre elección de los afiliados; la autorización de prestaciones por parte de las ARS; la firma del paciente que valida los pagos a médicos y centros; la gestión del riesgo para prevenir fraudes y prescripciones innecesarias; y la atención primaria como puerta de acceso a la red de servicios.
Asimismo, el texto resalta la función de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), organismo al que los usuarios pueden acudir para hacer valer sus derechos y recibir orientación de su ARS.
La FSSPT sostiene que la resistencia al SFS está vinculada, entre otros factores, a los controles sobre la facturación y los desembolsos, así como a la supervisión de las prestaciones médicas; denuncia, sin aportar cifras, prácticas contrarias a la ética profesional, como la prescripción de exámenes y medicamentos superfluos a cambio de comisiones.
También pone en tela de juicio los cobros excesivos por diferencias y copagos, y advierte que la falta de eficiencia institucional puede impedir que la salud se garantice como un derecho fundamental.
La fundación propone un modelo que incentive mayores ingresos a los médicos que presten servicios oportunos y de calidad, al mismo tiempo que fortalezca la capacidad de los afiliados para escoger y reclamar la atención que requieren.
En síntesis, llama a mantener las reformas encaminadas a limitar los abusos de poder y los privilegios dentro del sistema sanitario, insistiendo en que la atención médica debe responder a los derechos de los pacientes y que la distribución de recursos debe proteger a las familias más vulnerables.
Comunicador y mercadólogo, editor de DiarioDigitalRD en Nueva York. Contacto: diomedestejada@gmail.com
