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La organización Participación Ciudadana lanzó su décimo reporte del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, con la finalidad de estudiar la decisión judicial que desestimó la solicitud de cerrar la acción penal contra Jean Alain Rodríguez y los demás imputados.
El anuncio tuvo lugar durante el Segundo Espacio de Diálogo Multisectorial sobre Integridad Pública, una actividad incluida en el proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en Centroamérica y el Caribe, conocido como FEDACC III.
En la mesa se debatieron los obstáculos que impone el recientemente adoptado Código Penal para indagar y sancionar actos corruptos, incluyendo las penas establecidas, la incautación de patrimonios, las consecuencias de la prescripción y las salvaguardas constitucionales.
El documento destaca que simplemente haber alcanzado el plazo máximo previsto en la ley no genera, de forma automática, la extinción de la acción penal.
De acuerdo con la entidad, corresponde a los magistrados valorar factores como la complejidad del caso, la dinámica procesal de las partes, su propio desempeño y las causas que hayan provocado retrasos.
El reporte señala que, durante la etapa inicial del proceso, se llevaron a cabo diversas audiencias y, posteriormente, se ejecutaron varias diligencias ante diferentes juzgados.
Entre los motivos que generaron posposiciones se citan la reprogramación de plazos para asegurar el derecho a la defensa, inconvenientes de salud, recusaciones, interposición de recursos, asignación de defensores técnicos, la unión de expedientes y otras eventualidades procesales.
El juzgado determinó que, pese a que el proceso excedió el término legal, no se constató una paralización injustificada por parte de las autoridades judiciales que justificara la extinción de la acción penal.
Participación Ciudadana afirma que toda persona tiene el derecho a ser juzgada en un plazo razonable, aunque recalca que dicha garantía debe equilibrarse con la complejidad del procedimiento y el ejercicio del derecho a la defensa.
La organización argumenta que los procesos deben orientarse a esclarecer el fondo del caso, posibilitando la presentación y valoración de pruebas antes de que el juez emita una sentencia de culpabilidad o inocencia.
Asimismo, instó a los tribunales a definir criterios uniformes y bien fundamentados respecto al uso del plazo razonable y a la eventual extinción de la acción penal.
Participación Ciudadana reiteró su compromiso de continuar vigilando los principales procesos de corrupción administrativa que se encuentran en los juzgados de la República.
