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Según fuentes, el jurista reconoce que el nuevo Código Penal introduce avances para salvaguardar el patrimonio público, pero señala que persisten dudas acerca de cómo se interpretarán los delitos de corrupción y las penas de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El doctor Ricardo Rojas León valoró la ampliación del catálogo de conductas penales orientadas a proteger los bienes del Estado, aunque subrayó que su puesta en práctica genera interrogantes que deben resolverse, sobre todo en lo referente a la relación entre las distintas figuras de corrupción y las sanciones de inhabilitación. En su intervención en el panel «Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal», realizado dentro del I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, destacó los progresos de la reforma. «Este catálogo de delitos que buscan preservar (…) la buena gestión pública, la buena gestión de los recursos económicos del Estado, es un paso importante, un paso de avance importante», afirmó. Añadió que la normativa mantiene figuras tradicionales e incorpora nuevas infracciones para combatir distintas modalidades de malversación, lo que, a su juicio, brinda mayores instrumentos legales para defender la administración y erradicar conductas opacas. Asimismo, sostuvo que la corrupción no solo hiere la economía del Estado, sino que también perjudica a la población cuando se desvían recursos destinados a servicios esenciales; «Cuando hablamos de corrupción a nivel global, se tiene la idea de que cuando se comete un acto de corrupción, el sujeto pasivo es el ciudadano», puntualizó al referirse a áreas como salud y educación.
Fuentes consultadas indicaron que, entre los delitos analizados, el experto resaltó el tráfico de influencias, describiéndolo como una práctica profundamente arraigada en la República Dominicana. Precisó que emplear la posición de funcionario público para obtener beneficios a favor de terceros vulnera la transparencia y la honradez de la gestión, aun cuando dichos beneficios no sean de naturaleza material.
Rojas León cuestionó la interpretación del artículo 284 del nuevo Código Penal, señalando que uno de los puntos críticos es la extensión transversal de la corrupción que contempla dicho artículo.
En este sentido, explicó que varias conductas pueden converger en una sola infracción, lo que obliga a una lectura clara de su alcance. Rememoró su participación, junto a colegas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en los debates sobre la reforma penal desde alrededor de 2011. El panel formó parte del I Seminario Nacional organizado por ADOCCO, cuyo objetivo fue evaluar el impacto del nuevo Código Penal sobre la transparencia, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
El asunto continúa siendo monitoreado de cerca por los sectores interesados.
