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Denuncias sobre limitaciones para filmar y supuesta supresión de videos de seguridad aumentan las sospechas sobre la actuación de la policía.
Hasta la fecha, la Policía Nacional no ha publicado ningún informe que detalle los hechos que llevaron al fallecimiento de George Junior Liranzo, alias «Chagui» o «Changy», durante una intervención de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en la zona de El Mango, Ensanche Las Américas, Santo Domingo Este.
El mutismo de las autoridades va acompañado de acusaciones que afirman que agentes policiales habrían impedido a los vecinos registrar con sus celulares lo acontecido.
Según testimonios, durante la operación se prohibió a los residentes filmar o fotografiar con sus teléfonos móviles, y los oficiales habrían bloqueado a quienes intentaron captar imágenes, lo que demanda una investigación sobre las órdenes recibidas y la posible restricción injustificada al derecho de documentar.
Otro reclamo indica que efectivos policiales habrían inspeccionado comercios y viviendas del barrio con el objetivo de retirar o borrar los videos de los sistemas de videovigilancia. De confirmarse, esas conductas levantarían serias dudas sobre la cadena de custodia de pruebas vinculadas a la muerte de Liranzo.
Es responsabilidad de la Policía Nacional precisar si sus efectivos ingresaron a establecimientos o domicilios para obtener o eliminar grabaciones del hecho y, de ser así, describir las medidas adoptadas para garantizar la preservación de dichos registros.
Sobre la persona conocida como «Chagui», una hoja de búsqueda emitida por el DICRIM lo describe como residente de Santo Domingo Este, con la edad que consta en el documento, catalogado como «altamente peligroso» y buscado por presunto robo y pertenencia a una banda delictiva. La misma hoja menciona una orden judicial de captura número __________, por supuesta violación de los artículos 228, 265 y 266 del Código Penal, en perjuicio de Joan Manuel Reyes Rodríguez. Estos datos provienen de la investigación policial y no constituyen sentencia firme.
El hecho de que exista una orden de aprehensión contra Liranzo no aclara, por sí mismo, las circunstancias de su muerte ni legitima de manera automática el uso letal de la fuerza. Resulta indispensable determinar si hubo intercambio de disparos, qué oficiales intervinieron, qué evidencias se recolectaron y si se conservaron los videos de las cámaras cercanas.
Asimismo, debe verificarse si a la ciudadanía se le impidió registrar el operativo y si se ejecutaron acciones encaminadas a suprimir posibles registros audiovisuales.
Resulta urgente que la Policía Nacional y el Ministerio Público esclarezcan los pormenores de la muerte de George Junior Liranzo, así como las denuncias sobre la supuesta eliminación de pruebas en video. La pesquisa debe basarse en pruebas verificables, sin prejuzgar la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
