La crisis de Ueno Bank sacude a Paraguay. Miles de ahorristas quedaron sin acceso a su dinero luego de que el Banco Central dispusiera el cierre de la entidad y el inicio de un procedimiento de resolución, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.
La medida dejó fuera de funcionamiento la aplicación, las tarjetas y todos los servicios bancarios. En distintas sucursales, clientes se agolparon para intentar retirar sus ahorros y exigir explicaciones. Entre los afectados hay trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes y beneficiarios que cobran prestaciones estatales a través de la entidad.
El escándalo también provocó una crisis política. Carlos Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a pedido del presidente Santiago Peña. Pero el caso tiene un trasfondo todavía más comprometedor: Carvallo había presidido Ueno antes de asumir al frente del organismo encargado de supervisar a los bancos, mientras que Peña fue socio comercial del grupo propietario de la entidad hasta marzo de 2025.
La Fiscalía avanzó con pedidos de investigación y órdenes de detención contra directivos vinculados al banco. También quedaron bajo la lupa los fondos públicos depositados en Ueno, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social y cajas jubilatorias.
Mientras el Gobierno promete garantizar la devolución de los depósitos, la incertidumbre crece. El Banco Central informó que la garantía alcanza hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante, pero los fondos que superen ese límite abren interrogantes sobre su recuperación.
La situación inevitablemente despierta recuerdos en Argentina. En diciembre de 2001, el corralito bancario impidió a millones de personas disponer libremente de sus propios ahorros. Las imágenes de ahorristas haciendo colas, reclamando frente a los bancos y golpeando las puertas de las entidades financieras.
