Santo Domingo – Las autoridades dominicanas dieron luz verde al Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, una norma que pretende posicionar al Estado como un ente responsable, seguro, inclusivo y transparente en el manejo de tecnologías emergentes.
El texto normativo se elaboró a través de un extenso proceso participativo y multisectorial, bajo la coordinación de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), con apoyo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y alineado a los pilares normativos y salvaguardas de alto impacto.
Con la publicación de este Código, se establecen reglas operativas que deberán observar tanto los organismos centrales como los descentralizados de la administración pública. Entre los lineamientos más relevantes se encuentran:
1. Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED): cualquier herramienta de IA catalogada como de alto impacto —es decir, aquella que pueda influir en el acceso a derechos, beneficios sociales o ejercer funciones sancionadoras— deberá pasar por una evaluación exhaustiva y obtener la autorización del órgano supervisor antes de su puesta en marcha.
2. Transparencia algorítmica y derecho a la revisión: los ciudadanos tendrán garantizado el derecho a ser informados de forma clara cuando una gestión o decisión administrativa se haya apoyado en IA, y podrán solicitar explicaciones comprensibles y activar revisiones realizadas por personas.
3. Usos estrictamente prohibidos: la normativa protege a la población al vetar de manera absoluta la clasificación social generalizada, la captura biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilado criminal predictivo basado en sesgos territoriales o socioeconómicos, la automatización de sentencias penales y el empleo de armas autónomas.
4. Protección reforzada para la infancia: se establece una presunción de riesgo elevado frente a cualquier sistema automatizado dirigido a menores, prohibiéndose expresamente la IA que produzca o difunda contenidos lesivos, abusivos o discriminatorios contra niños, niñas y adolescentes.
5. Soberanía digital y criterios de contratación: las dependencias públicas exigirán a sus proveedores garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos de los dominicanos, descartando la adquisición de soluciones “caja negra” que el Estado no pueda auditar.
Para garantizar la supervisión y la coordinación, el decreto crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo integrado por entidades estatales clave y representantes del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, que mantendrá una vigilancia social permanente con la participación de la academia y la sociedad civil.
Asimismo, la norma concede un plazo transitorio de para que las instituciones públicas adapten sus procesos internos, registren los sistemas en uso, designen a los funcionarios responsables e implementen las medidas necesarias, reafirmando el compromiso histórico con una transformación digital ética.
