Durante los primeros 100 días de la administración de Abelardo de la Espriella, Colombia contabilizó 45 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ocho asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz y 26 masacres, según un informe publicado este domingo por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El documento, titulado «100 días: el costo humano de la violencia», presenta los indicadores más relevantes de violencia contra liderazgos sociales, firmantes del Acuerdo, víctimas de masacres, desplazados forzados, integrantes de la fuerza pública, acciones militares y denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, comprendidos entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026.
El balance, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, advierte que la agresión contra la población civil sigue vigente en varias zonas del país. Se registraron 45 líderes sociales asesinados, lo que equivale a un homicidio cada 2.2 días; de ellos, 36 eran hombres y nueve mujeres, y en 44 casos aún no se ha identificado al presunto responsable.
Los liderazgos comunitarios (13) y comunales (11) suman 24 de los 45 casos, es decir, más de la mitad del total. «Este perfil es importante porque se trata de personas que gestionan necesidades cotidianas, interlocución con instituciones y resolución de conflictos locales. Exigen, además, una lectura de afectaciones colectivas a las autoridades y formas propias de organización», indica el informe.
Geográficamente, la mayor concentración de estos crímenes se da en Cauca (11 casos) y Antioquia (8), seguidos por Putumayo (4) y La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander (3 cada uno). Indepaz señala que «la pérdida de un liderazgo no se agota en la víctima individual. En muchos territorios implica el debilitamiento de juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, procesos indígenas y afrodescendientes, colectivos juveniles y redes de defensa de derechos. Puede generar temor, silenciamiento, desplazamiento de otras personas líderes y restricciones a la participación comunitaria».
En cuanto a los firmantes del Acuerdo de Paz, el mismo informe registra ocho asesinatos entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, todos hombres. Nariño y Cauca reportan dos casos cada uno; Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo presentan uno por departamento. «Este indicador permite observar los riesgos persistentes para personas en proceso de reincorporación y requiere diferenciar la condición de firmante de otras modalidades de reintegración», puntualiza Indepaz.
Durante el periodo analizado, el Observatorio documentó 26 masacres que dejaron 87 víctimas, entre ellas cinco menores de edad. Valle del Cauca concentra seis masacres; Antioquia y Tolima, tres cada una; y Huila, dos. En número de víctimas destacan Valle del Cauca (18), Tolima (12), Huila (10) y Antioquia (9). El reporte define masacre como el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en situación de indefensión, perpetrado por un mismo autor bajo condiciones comunes de modo, tiempo y lugar.
Se identificaron 17 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 6,667 personas en agosto y septiembre, de los cuales 13 fueron masivos. Cauca lidera el registro con 3,474 desplazados (52.1% del total), seguido por Chocó (1,609), Antioquia (739) y Bolívar (424). «El indicador expresa expulsión forzada del territorio y ruptura de la vida comunitaria, pero no representa un acumulado completo de los primeros 100 días: es el registro disponible para dos meses», aclara el informe.
En el ámbito de la seguridad, se reportaron 43 uniformados asesinados y 219 heridos, según datos del Ministerio de Defensa citados por medios de comunicación. Indepaz subraya que «los homicidios y las lesiones de integrantes de la fuerza pública muestran la persistencia de la confrontación y la capacidad de daño de los actores armados. Su análisis requiere distinguir ataques en operaciones, emboscadas y otros hechos».
El mismo organismo indica que, bajo la categoría de terrorismo utilizada por el Ministerio, se contabilizaron 339 hechos entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026. Asimismo, recuerda que «los bombardeos contra objetivos militares pueden estar permitidos por el derecho internacional humanitario, pero su legalidad no es automática. Toda operación debe cumplir los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, orientados a proteger a la población civil y evitar daños indiscriminados o excesivos».
El informe destaca como preocupación especial la presencia de niños y adolescentes reclutados en los campamentos que podrían ser blanco de bombardeos. «Antes de ordenar un bombardeo es indispensable evaluar cuidadosamente la información disponible sobre la presencia de menores reclutados, su situación concreta y los riesgos que enfrentarían. La existencia de un objetivo militar no elimina la obligación de proteger a los menores ni autoriza ataques indiscriminados», añade.
Desde su posesión, De la Espriella prometió una política de mano dura, la culminación de la «paz total» y el control del crimen en 90 días, además de eliminar el clientelismo y reactivar la economía. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por la radicalización, la inestabilidad y un estilo personalista que se manifiesta en actos escenificados frente a cámaras, desde demoliciones y bombardeos con uniforme militar hasta entregas simbólicas de llaves de cartón a damnificados, pasando por desfiles de seguridad con alto componente mediático.


