El SENASA está sometido a un fuego cruzado de críticas de todos los calibres. A finales del 2024 el presidente Luis Abinader dispuso una auditoría profunda y alentó a las entidades fiscalizadoras a hacer lo propio. En un acto sin precedentes, ordenó a la SISALRIL y al SENASA entregar a la Procuraduría General de la República un informe sobre los hallazgos de las graves irregularidades detectadas.
Se señala la existencia de funcionarios activos, ex empleados del SENASA y de proveedores de servicios privados, organizados alrededor de un call center paralelo para autorizar pagos de servicios no prestados mediante la suplantación de identidades, provocando un déficit de miles de millones, con retrasos en la entrega de medicamentos y en los pagos a las PSS, minando su sostenibilidad y credibilidad.
La SISALRIL hizo varias críticas y advertencias sobre la situación sin ser atendida. Luego de la remoción de Santiago Hazím la nueva administración se ha concentrado en el saneamiento financiero del SENASA para recuperar su solvencia, capacidad de servicio y de pago como establece la Ley 87-01.
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) mediante Resolución No 619-08, transfirió al SENASA 6,000 millones de pesos de las reservas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL), una decisión que ha suscitado fuertes críticas y que podría ser jurídicamente objetada.
