El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) solicitó este martes a la Junta Central Electoral (JCE) que aclare si el Partido Revolucionario Moderno (PRM) acató la intimación realizada el pasado 30 de agosto de 2025, mediante acto de alguacil, que le ordenaba suspender actividades y declaraciones proselitistas fuera del plazo legal.
La petición fue presentada el 29 de septiembre por el delegado político del PRD ante la JCE, José Fernando Pérez Vólquez, quien entregó un documento en la Secretaría General del organismo electoral solicitando que se certifique si el PRM ha cumplido con el acto de alguacil 674/2025.
Además, pidió que se detalle cuáles acciones realizó el oficialismo en cumplimiento de ese mandato, en caso de que exista constancia.
Denuncian silencio del PRM
El PRD denunció que han pasado más de 13 días desde el vencimiento del plazo concedido al partido de gobierno y que aún no se ha ofrecido una respuesta oficial. Considera que este silencio constituye “un desafío abierto a la autoridad de la JCE” y una amenaza a la equidad electoral.
En ese contexto, el vicepresidente del PRD, Héctor Guzmán, emplazó al órgano electoral a actuar con firmeza:
“Yo le hago un llamado a la Junta Central Electoral para que haga valer su decisión, porque si eso se queda así aquí nadie va a respetar nada de la JCE y todos van a estar en campaña. Por otro lado, al señor Paliza que diga si ha mandado la comunicación por escrito a la Secretaría de la Junta Central Electoral y a la Junta Central Electoral, que de no hacerlo aplique las sanciones”, advirtió.
Reclamo de sanciones
El partido opositor subrayó que la falta de acción ante la presunta violación de los plazos electorales por parte del PRM significaría un retroceso institucional, debilitando la autoridad de la Junta y poniendo en entredicho la transparencia del proceso.
Finalmente, el PRD reiteró que las sanciones previstas en la legislación —que incluyen desde multas hasta la no aceptación de candidaturas— deben aplicarse sin demora para frenar el proselitismo anticipado y garantizar un proceso electoral en condiciones de equidad.
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