El catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Wagner Reynaldo Gomera Aquino, afirmó que constituye un irrespeto por parte del gobierno la no aplicación de la indexación salarial, establecida en el Código Tributario, además de que se constituye en una franca violación de la Ley 11-92.
El economista, entrevistado vía remota en el programa “A Media Mañana”, que se transmite desde Barahona reafirmó que se trata de un incumplimiento de la normativa cuyo mandato es claro en ese sentido.
El también director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (INISE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, dijo que el tramo impositivo del impuesto debía estar sobre los cincuenta mil pesos, no en los treinta y cuatro mil como se hace actualmente.
“Si tú calculas esa diferencia de RD$ 52,000.00 entre RD$ 34,000.00, vas a encontrar RD$ 17,000.00 de diferencia que están siendo gravados, dinero que correspondería a las personas. Si tomamos un maestro, un ejercicio que hicimos nosotros, ese profesor de educación preuniversitaria, deja de recibir entre RD$ 5,000.00 y RD$ 8,000.00”, explicó.
Indicó que hay gente pagando el impuesto sobre la renta (ISR) con salario de RD$ 34,000.00, pero no es procedente, ya que lo que se debe cobrar es “cero”, ya que correspondería si la persona cobra RD$ 52,000.00, cifra que es la indicada para el pago de impuesto sobre la renta.
Se los queda el gobierno
Al responder preguntas formuladas, Gomera Aquino dijo que a esa situación se debe buscar una solución urgente y, para el catedrático universitario, está en el cumplimiento de la ley que ordena que se respete con la indexación salarial.
El catedrático universitario, candidato a director de la Escuela de Economía de la academia estatal, dijo que el dinero que se le quita por la violación de la Ley 11-92, por concepto de un impuesto sobre la renta improcedente, “es un dinero que se lo está quedando el Gobierno y no debería ocurrir”.
El experto en asuntos económicos fue reiterativo en afirmar que el gobierno se queda con el dinero que corresponde a la clase trabajadora con salarios que deben ser indexados y que se hace en franca violación de la normativa.
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