Representantes del movimiento cooperativista del país advirtieron que un proyecto de ley que busca colocar a las cooperativas bajo la regulación de la Superintendencia de Bancos pondría en riesgo de desaparición a más del 90% del sector, afectando directamente a más de dos millones de dominicanos que forman parte del sistema cooperativo nacional.
Durante una entrevista, Eufracia Gómez, presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), y Ramón Díaz, vicepresidente de la Federación de Cooperativas del Nordeste, alertaron que la iniciativa que promueve el Poder Ejecutivo y el Banco Central desconoce la naturaleza solidaria de las cooperativas y las equipara erróneamente a entidades bancarias privadas.
“El consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el gobernador del Banco Central admitieron que en ese proyecto nos mandan a regular a la Superintendencia de Bancos. Nosotros decimos, y lo repetimos, que si el presidente envía ese proyecto estaría llevando al cierre de más del 90% de las cooperativas del país”, advirtió Gómez.
Agregó que las cooperativas son asociaciones de personas y no de capitales, y que sus operaciones se realizan entre socios, sin intermediación financiera. “Ojalá que alguien le diga al señor presidente que más de dos millones de dominicanos pertenecemos a cooperativas y que vamos a defender nuestro sector, porque entendemos que es el sector solidario, el que verdaderamente beneficia a la gente”, expresó.
Defienden su propio proyecto de ley
Los dirigentes explicaron que el sector cooperativo ya tiene un proyecto de ley consensuado, depositado en el Congreso Nacional a través del senador Julito Fulcar, que busca modernizar la actual legislación (Ley 127-64) y fortalecer la capacidad supervisora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), entidad que ha sido históricamente el órgano rector del sistema.
El proyecto plantea transformar el IDECOOP en una Dirección General de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Hacienda, con mayores atribuciones para supervisar y sancionar malas prácticas, además de crear un fondo de protección de los haberes de los asociados.
“No nos oponemos a la supervisión, pero debe ser especializada. Las cooperativas no son bancos, no hacen intermediación financiera. Por eso no pueden regirse por la Ley 183-02, que regula a las entidades de intermediación bancaria”, explicó Díaz.
Un modelo que beneficia a millones
Los representantes recordaron que el sector cooperativo maneja cerca del 9% del total del sistema financiero nacional, con más de 1,100 cooperativas activas en todo el país, que aportan al desarrollo comunitario, el ahorro popular y el acceso al crédito en zonas rurales y urbanas.
“Las cooperativas son el modelo económico solidario que ha permitido a miles de dominicanos mejorar sus condiciones de vida sin depender del sistema financiero tradicional. Por eso no aceptamos que se nos imponga una regulación bancaria que no responde a nuestra naturaleza ni a nuestra historia”, concluyó Gómez.
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