Santo Domingo, RD. – La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) maneja aproximadamente el 99% de los procesos judiciales relacionados con niños, niñas y adolescentes (NNA) en conflicto con la ley penal, según reveló el Defensor Público, Guillermo Camilo, durante su participación en el “Panel de Expertos” del periódico Listín Diario. Con más de 20 años de experiencia en la materia, Camilo subrayó que, pese a la percepción social, la criminalidad juvenil en el país no ha aumentado y se mantiene en cifras históricamente estables.
El Defensor Público explicó que hasta el 4 de diciembre del presente año la ONDP había registrado 1,435 procesos juveniles, una cifra que se repite año tras año y que nunca ha superado ese rango. En contraste, los procesos de adultos ascienden entre 21,000 y 25,000 anualmente, lo que evidencia “la fragilidad de la criminalidad adolescente” frente a la delincuencia adulta.
Percepción vs. Realidad
Camilo señaló que existe una brecha profunda entre la percepción ciudadana sobre la criminalidad juvenil y los datos reales del sistema. Aseguró que el verdadero problema radica en la falta de políticas públicas sostenidas dirigidas a los sectores más vulnerables, e instó al Estado a actuar conforme lo establecen los artículos 55 y 56 de la Constitución, referentes a la protección familiar y los derechos de las personas menores de edad.
Entre las propuestas impulsadas por Camilo se encuentran la creación de iniciativas comunitarias, la capacitación técnica de adolescentes entre 16 y 18 años, y la integración de jóvenes en programas productivos dentro de sus propios entornos, como talleres de fabricación de calzado, gorras y otras actividades de impacto económico local.
Sistema Penal Juvenil: Evolución y Retos
El Defensor Público recordó que el sistema integral de justicia juvenil dominicano se consolidó en 2003, tras la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Destacó además el fallido intento de 2013 de reducir la edad de imputabilidad, una propuesta impulsada por la creencia errónea de que los adolescentes eran responsables de la mayoría de los delitos.
Ese proceso derivó en un aumento de las sanciones:
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De 13 a 16 años: de 1 a 5 años de sanción.
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De 16 a 18 años: de 1 a 8 años de sanción.
La normativa establece que los menores de 13 años no pueden ser sancionados penalmente y deben ser remitidos a un proceso de protección especializado.
Llamado urgente al Estado
Camilo afirmó que instituciones como la Dirección General de Servicios de Atención a la Niñez y Adolescencia (DINAE) no cuentan con el presupuesto suficiente para una atención integral y efectiva. Enfatizó que se requiere una inversión seria y sostenida en prevención, intervención comunitaria y fortalecimiento institucional.
Panel multidisciplinario
El panel estuvo encabezado por el director del Listín Diario, Miguel Franjul, y contó con la participación de destacados expertos:
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Roberto Santana, especialista en régimen penitenciario
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Luis Vergés, psicólogo
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General José Santana, director de la Policía Especializada de NNA
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Felin Hernández, del Conani
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Kastiuka Santana, del Ministerio de Educación
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Rumilda Belliard, psicóloga policial
Camilo concluyó resaltando que el desafío principal del sistema penal juvenil es avanzar hacia un enfoque restaurativo, donde las causas estructurales de la vulnerabilidad sean atendidas y donde la justicia sirva como un puente hacia la inclusión y la convivencia pacífica.
