El arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, advirtió que cualquier hecho de corrupción que involucre al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) tiene consecuencias directas sobre la vida, la salud y la dignidad de millones de personas que dependen del sistema público.
Un daño directo a la gente
El prelado subrayó la gravedad del caso al tratarse de una institución que maneja derechos fundamentales. “Senasa que está lidiando con vida, salud y dignidad de la persona. Y eso es muy delicado”, expresó.
Morel Diplán sostuvo que los hechos denunciados no debieron ocurrir y recordó que dirigir una entidad pública es un privilegio que conlleva una alta responsabilidad ética, especialmente cuando se administran recursos destinados a garantizar servicios esenciales.
Un problema ético y social
El religioso manifestó preocupación por el impacto de la corrupción en una sociedad de tradición cristiana. Afirmó que prácticas como el robo y la mentira en el ejercicio de la función pública contradicen principios morales básicos. “Va totalmente en contra de las leyes de Dios, de las leyes divinas”, señaló.
Advirtió que estos casos no deben verse como episodios aislados, sino como señales de un deterioro más amplio del sistema político e institucional. En ese sentido, alertó que la corrupción termina afectando la confianza ciudadana y la calidad democrática. “Eso va minando la democracia dominicana”, afirmó.
Llamado a los partidos
Morel Diplán exhortó a los partidos políticos a revisar su rol y su misión ante la sociedad. Consideró que la pérdida de valores éticos ha generado un debilitamiento progresivo de las instituciones. “Están perdiendo el norte, no saben hacia dónde van”, expresó.
Familia e instituciones
El arzobispo vinculó este escenario con la formación ética desde el hogar y sostuvo que la fortaleza institucional depende en gran medida de familias sólidas. “Si no tenemos familias sólidas, así mismo andarán las instituciones”, aseguró.
Impacto en los más vulnerables
Finalmente, advirtió que la corrupción golpea con mayor fuerza a los sectores más pobres, que enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y procedimientos médicos. “La salud debiera estar asegurada porque es un derecho humano”, concluyó.
